La temporada de paros, marchas y protestas en Colombia no comenzó el pasado 19 de agosto. Todo arrancó al comienzo del año con los servidores de la justicia, los carboneros de El Cerrejón, los empleados de la Universidad Nacional y los cafeteros que marcaron la ruta de reivindicaciones laborales que no han cesado. En el segundo semestre se dieron los paros de los cafeteros, a quienes se le unieron los paperos, cacaoteros y otros cultivos menores; y así sucesivamente hasta terminar en la protesta de este fin de semana que comenzó con los maestros de Fecode y siguió con la de los pilotos de Avianca, quienes han logrado paralizar decenas de viajes aéreos, afectar las agendas de los empresarios, ejecutivos y turistas, y han generado un verdadero caos en los aeropuertos de todo el país.
Hay unas protestas que se solucionan con recursos del presupuesto nacional -que todos los pagamos de una u otra manera- y otros más complejos como el de los trabajadores de El Cerrejón, la Drummond o Avianca, que le pagan los empresarios y socios de las empresas comprometidas, pero que se reflejan siempre en las cuentas nacionales, vía regalías o simples pagos por aterrizaje de aviones. No se trata de juzgar si son válidas las reivindicaciones sociales de los trabajadores del carbón o los pilotos, lo que se trata de medir es el impacto de sus peticiones sobre los demás colombianos. Los largos paros en El Cerrejón y Drummond harán que la economía colombiana lo logre la meta exportadora del mineral en 94 millones de toneladas, mientras que las jornadas de los pilotos sí están golpeando la agenda de los viajeros de manera traumática.
Avianca fue hasta hace poco tiempo una empresa ejemplo de resurrección económica y orgullo nacional por el buen nivel de servicio que prestaba a sus usuarios, pero eso ha decaído notablemente en los últimos meses por razones estrictamente internas, como es el choque de culturas y prácticas corporativas de las empresas que se fusionaron para darle paso a la nueva Avianca que hoy se mide con las más grandes del mundo. El Gobierno Nacional debe actuar para evitar que la multilatina que maneja más del 80% del negocio de los tiquetes aéreos en Colombia deteriore su servicio. Llama la atención que la Superintendencia de Transporte, la autoridad del ramo, brille por su ausencia y que el Ministerio de Trabajo no se de por aludido para entrar a ayudar a solucionar estos traumatismos, luego de 48 horas de la llamada ‘operación reglamento’ que no es otra cosa que fastidiar a los viajeros para dañar el servicio y enfurecer a los viajeros.
No hay palo ni paciencia para tanto paro, ahora son las empresas de servicios privados las que son objeto de una situación a la que hay que ponerle fin.
