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Todos los cambios al sistema general de salud en Colombia deben ser para mejorar, nunca para deprimir un servicio público que está llamado a ser la piedra angular de la sociedad
Un país que camina hacia el desarrollo como Colombia no debe perder de vista que cada cambio significa mejoramiento, no destrucción. Los sistemas que estructuran la sociedad: salud, pensiones y trabajo o esfera laboral, son un trípode en donde descansa la calidad de vida, y si bien los que hoy funcionan en el país no son los mejores, están desfinanciados y no guardan coherencia con otras piedras angulares, como son los impuestos, sí son sistemas eficientes sobre los cuales se puede construir un país mejor.
El Gobierno Nacional se ha dado el lapo en su menguada popularidad, después de ocho meses de administración, de hacer unos cambios estructurales recomendados por toda la banca multilateral y por la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económicos, Ocde, en lo laboral, sanitario y pensional; cambios que son interesantes en función de potenciación de lo público en detrimento de aporte del sector productivo en cada uno de ellos, pero sobre todo muy social con los costos inherentes. Ya las propuestas en cada esfera se están socializando y hay toda una suerte de foros y eventos para exponer puntos de vista, que no siempre son afines a los que el Gobierno y el Congreso quieren.
Por ahora hay que detenerse a mirar las banderas rojas de la salud. La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, gremio de las empresas prestadoras de salud privadas, ha detectado varios puntos que los representantes y los senadores deben tomar nota, no para negociar con el Ejecutivo sino para analizar con expertos qué es lo mejor.
No todos los congresistas son corruptos ni desempeñan su labor legislativa con base en sus intereses particulares de contratos y burocracia, estas reformas requieren que actúen de cara al futuro de los colombianos y trabajen por la estabilidad fiscal de los gobiernos venideros. Para el gremio, el modelo que propone el Gobierno crea un sistema de salud estatizado, carente de unidad y fragmentado, que no aprovecha las capacidades construidas en 30 años. En pocas palabras, es un retroceso.
“La ponencia de reforma a la salud radicada ante el Congreso no resuelve las quejas planteadas por usuarios y pacientes de oportunidad en las atenciones, ni se ocupa de los problemas de sostenibilidad financiera del Sistema de Salud (...) Mantiene la propuesta de eliminar el modelo de aseguramiento, constituir un pagador de naturaleza pública universal, eliminar las EPS, adscribir a las personas a Centros de Atención Primaria y fragmentar la prestación (...) Se elimina la libre elección del asegurador al crear un monopolio estatal, se elimina la posibilidad de que los afiliados elijan su asegurador. La escogencia de un médico tratante o de un centro de servicios es una concepción limitada de este derecho, lo que supone que el riesgo financiero lo asuma el afiliado”.
Y dice la Asociación que al no haber EPS, serán los hogares colombianos los que deban financiar cobros adicionales o inesperados. Lo más criticable es la llamada “fragmentación financiera” que da vida a distintos fondos y cuentas que entorpecen la gestión operativa y administrativa, y lo más peligroso la triple integración vertical: “el Estado define la política, la regula, define tarifas, se contrata, presta los servicios, se audita, se paga y se vigila”. Hace años que no se tocaba el sistema de salud, pero ahora que se revisa su funcionamiento ojalá sea para mejorarlo, no para destruir lo avanzado.
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