No solo el parrillero es el problema

El mundo de las motos en Colombia aún está regido por las leyes del salvaje oeste: hay motociclistas bien intencionados y respetuosos de las normas de tránsito; hay empresas ensambladoras y comercializadoras de éstos vehículos de dos ruedas que han encontrado en la necesidad insatisfecha de movilidad una mina de oro; hay secretarías de tránsito, agencias del Estado y el mismo Ministerio de Transporte incapaces de reglamentar su uso y que no toman nota del desmadre motociclista; y finalmente hay miles de delincuentes en todo el país que han hecho de las dos ruedas movidas a gasolina su modo de transporte para delinquir, pues el medio es más expedito para robar y matar, además viven en un mundo sin Dios y sin ley.

Cada año se venden en Colombia más de 500.000 motocicletas, gracias a la falta de medios de transporte masivos eficientes y dignos con el ser humano; también gracias a las exitosas campañas de mercadeo que le venden a los trabajadores más necesitados el falso argumento de que con los pasajes de bus libra su moto. Una suerte de campaña de competencia desleal porque no le dicen toda la verdad a los moteros: que deben pagar gasolina, seguros, parqueaderos, mantenimiento y que su seguridad personal es muy vulnerable. El parque de motos ya se acerca a las ocho millones de unidades, más de 50% son de bajo cilindraje y con una vida útil que no pasa de cinco años, pues la asistencia técnica, los repuestos y la durabilidad de las piezas dejan mucho que desear.

En menos de dos décadas, el transporte público se orientalizó. Colombia se llenó de motos chinas, coreanas e indias, muchas sin buena representación técnica, pues el objetivo era vender, vender y vender, ante los ojos ciegos de la Superintendencia de Industria, que debería defender al consumidor de motos y del mismo MinTransporte que poco o nada ha hecho frente a la mala fiebre del mototaxismo, por ejemplo.

La medida de prohibir el parrillero es muy saludable en términos de seguridad, pues insistimos que es el vehículo más usado por los delincuentes, y ojalá esta polémica medida se extienda a otras ciudades con problemas de atracos y actos sicariales. Si se piden medidas para garantizar la seguridad de las personas, debemos acompañar a las autoridades. No todos los motociclistas son delincuentes, pero no podemos desconocer que el grueso de los robos se hacen desde estos vehículos. Otra cosa adicional y que debe adelantarse con prontitud: las motos deben pagar peajes, pues hacen uso de un bien público o privado (licitación) como es una autopista o carretera. Colombia es un país que no protege a sus motociclistas y les permite andar por vías rápidas en grandes distancias, con todas las consecuencias que eso tiene: cansancio, fatiga, exposición, etc., sin las condiciones de seguridad apropiadas. Por esta falta de normas es que en casi todos los accidentes en vía pública, que compromete automotores, siempre hay una moto involucrada, por lo general con pérdidas de vidas.

Nadie está contra los motociclistas, ni contra las ensambladoras de estos vehículos; estamos alertando que el problema es de salud pública y que las instituciones de control y vigilancia deben tomar cartas en el asunto. Este lío de motos en el que estamos debe ser resuelto por la nueva administración nacional, porque en estos momentos hay políticos en las regiones que están usando los mototaxistas para sus campañas.