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El Estado colombiano es bastante prolífico en organizar grupos de expertos o misiones en temas económicos estructurales, cuyas recomendaciones nunca se tienen en cuenta
No es descabellado aconsejarle al Estado colombiano organizar, convocar o armar una misión de expertos, un comité de asesores o un equipo de alto nivel, para que le ayude a aplicar las recomendaciones de grupos similares para evitar que sus informes pasen a engrosar los anaqueles de los ministerios o a ocupar espacios en los discos duros de los computadores oficiales. El Departamento de Planeación Nacional y el Ministerio de Trabajo acaban de recibir el último estudio y las recomendaciones derivadas de una misión más de empleo, trabajo académico que simplemente pasará desapercibido por el mismo Gobierno y el Congreso, por los tiempos electorales que corren.
Seguramente en el segundo semestre llegarán nuevos ministros, senadores y representantes al poder ejecutivo y legislativo, todos muy preocupados por el desempleo en Colombia, quienes recomendarán armar otro comité de expertos para que les recomienden qué hacer para rediseñar la obsoleta estructura laboral y pensional del país. El problema no es la abundancia de estudios, investigaciones y trabajos académicos sobre los problemas estructurales de la economía colombiana, es la incapacidad institucional de ponerlos en práctica. Hay que acabar con la costumbre muy arraigada de los funcionarios de mandar a pedir diagnósticos y no aplicar las curaciones; es como ir al médico, consultar una dolencia y no hacerle caso con su fórmula. Si bien es un dinero importante el que se invierte en todo tipo de estudios, no se puede afirmar que es una manera justificada para gastarse el dinero público en misiones y comités, pues el trabajo de los asesores y profesionales convocados vale y es valioso; la desidia está en los funcionarios de paso que son incapaces de aplicarlos, ponerlos en práctica o, por lo menos, hacerle un buena difusión a los hallazgos académicos.
Misiones y comisiones para estudiar el desempleo en Colombia datan de hace medio siglo, incluso las más emblemáticas que le dieron forma a la institucionalidad económica actual abordaron el tema del desempleo. “Hacia el Pleno Empleo,” del expresidente Carlos Lleras Restrepo, diagnosticó en 1970 un asunto que más de medio siglo después aún le da dolores de cabeza a los presidentes; hubo también por esa época un Programa Mundial de Empleo, abanderado desde la OIT; Belisario Betancur abordó durante su gobierno el “Problema Laboral Colombiano”, y los observatorios del empleo, o desempleo, de las universidades Nacional, Andes, Rosario y Externado, permanentemente actualizan sus investigaciones al ritmo del cambiante mundo del mercado laboral y la irrupción de las nuevas tecnologías o de la misma pandemia. Por ejemplo, mucho se habló del impacto de la migración o de los procesos de paz sobre la generación de empleo, pero poco o nada se ejecuta desde el legislativo; es decir, nada se materializa como reformas estructurales. El Congreso debe ser el escenario de debate de la reforma laboral y pensional pendientes; no sobran los estudios ni las misiones especializadas, el problema está en la ejecución de esas recomendaciones. La solución a los problemas no solo está en convocar expertos, está en hacerles caso y tener el liderazgo para ejecutar los cambios. Los candidatos al Congreso y a la Casa de Nariño no deben ser inferiores al reto de mirar de frente el problema laboral del país.
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