Para frenar la destrucción hay que aplicar leyes

Solo hay que mirar el mapa colombiano para concientizarse de la importancia de los otrora llamados territorios nacionales, hasta hace poco protegidos por la distancia e incomunicación de la voracidad de mineros, ganaderos y agricultores ilegales; son amplísimos territorios que ocupan más de la mitad del país y que por muchos años fueron regiones sin mayor influencia de colonizadores masivos que hoy están destruyendo literalmente la magia de que Colombia es un país verde, cuna de grandes ríos y una gran biodiversidad que alberga cientos de especies.

Los incendios en la región amazónica brasileña y peruana, que se han convertido en noticia mundial, le han hecho un llamado a las autoridades locales para que revisen a fondo cuál es el estado de nuestras selvas tropicales, de los páramos y todos los parques nacionales que también padecen la destrucción sistemática por parte de una desordenada explotación agraria, ganadera y minera; y que se diferencia de lo que está ocurriendo en Brasil porque aquí los mayores destructores de las selvas y de los bosques nativos son los narcotraficantes que poco a poco van colonizando tierras del Estado, que como dueño no puede controlar.

En Colombia no existe la noción de frontera agrícola ni los mandatarios locales cuentan con planes de ordenamiento territorial (urbanos y rurales) que les permita controlar la frenética deforestación que avanza para adelantar cultivos, legales e ilegales o para instalar explotaciones de ganado extensivo. Es cierto que la Colombia rural ha perdido población en función del crecimiento de las grandes urbes, pero la destrucción de los últimos reductos de verde en el territorio es una realidad que va en contravía de esa aparente urbanización.

No es sino mirar desde un avión, un helicóptero o un simple dron, las zonas rurales del país para darse cuenta de la destrucción ambiental que avanza sin que las autoridades cumplan con su mandato constitucional de proteger el medio ambiente.

No se trata de hacer campañas de siembras de árboles por todo el país, pues simplemente no es plantar una especie nativa y quedar en paz, se trata de hacer crecer un árbol tarea que dura décadas para que puedan devolver el oxígeno que se destruye con la marcha de las urbanizaciones y la mecanización de la movilidad.

Mientras en las ciudades existen los protocolos, licencias y permisos para hacer una construcción, poner un negocio o montar una explotación, en los pueblos todos hacen lo que quieren, y no hay nada más dañino para el ambiente que un campesino mal instruido con un tractor o una motosierra. Para frenar la destrucción rural hay que hacer respetar las leyes que el Congreso ha dotado para el país político, pero todo ha sido capturado por la corrupción y las multas simples por talar árboles sin permiso, por sembrar en zonas de páramo, por construir en laderas, por quemar bosques para engordar ganado o tomar agua de los ríos sin permiso, se han convertido en pecados veniales que a nadie le importan porque nadie ve los perjuicios para las ciudades en el mediano plazo.

Por ejemplo, ya debería ser prohibido cocinar con leña en las zonas rurales como una medida para bajar la deforestación. La alternativa para esta Colombia apartada debe ser el gas como combustible para cocinar, pero para avanzar hay que obligar a que las autoridades viajen más a esa Colombia que camina hacia la destrucción ambiental.