Pedir comités de sabios y no hacerles caso

Casi todas las grandes reformas económicas de Colombia se han labrado a punta de comités de sabios o expertos para cada tema. No en vano, la piedra angular de la institucionalidad económica actual nace a partir de una idea que tuvo el presidente, Pedro Nel Ospina, de contratar al economista, Edwin Walter Kemmerer, de profesor de la Universidad de Princeton para que lo asesorara a través de un comité técnico que más adelante se llamó la “misión Kemmerer”, desde la cual se estudió la integralidad de la economía con una metodología novedosa hasta el momento, que consistía en conocer directamente la realidad regional junto a las cámaras de comercio, las sociedades de agricultores y la escasa institucionalidad de la época en cada capital y departamento.

De esa misión, nacieron no solo la Contraloría y el Banco de la República, sino que se desprendieron varias leyes como la de establecimientos bancarios, de timbre, de impuesto sobre la renta y se limitó las facultades del Congreso para ordenar el gasto público. Fue un momento clave para el país económico que se fue formando, con el paso de las décadas, por otras muchas misiones recomendadas por la banca multilateral; otros comités de expertos armados por los gobiernos de turno, y casi un sinnúmero de comisiones accidentales para asesorar ministerios, gobiernos regionales y alcaldía en la confección de políticas públicas. Ha sido una suerte de “modus operandi” de asesorarse de grupos de trabajo por quienes deben para tomar decisiones públicas.

De un tiempo para acá, esos comités, misiones y comisiones de técnicos, expertos o sabios se han convocado en exceso, pero no solo para que estudien asuntos particulares para resolver, sino para dispersar las responsabilidades o para tranquilizar las discusiones políticas, pues sus consejos o recomendaciones no son obligatorios o vinculantes. No hay ninguna responsabilidad en la aplicación de soluciones a sus diagnósticos. Ha habido recientemente misiones para casi todo: para el café, el sector agrario, para los impuestos, para los tratados de libre comercio, para los planes nacionales de desarrollo, para la educación, etc.

En solo ocho meses de Gobierno ya se han convocado dos misiones: una para analizar el dilema del fracking y ahora otra para estudiar la necesaria reforma pensional. Recientemente, la administración pasada había convocado una comisión de expertos tributarios para que aconsejaran sobre los fundamentos de una reforma tributaria estructural. Nadie está en contra de esos equipos de altos conocimientos sobre temas particulares, el problema es que cuando entregan sus estudios, diagnósticos y recomendaciones, éstos se quedan engavetados en los anaqueles de los ministerios o en el disco duro del ministro de turno y nunca llega a ver la luz, dilapidando recursos públicos escasos y generando una expectativa incumplida.

Muy bien por la nueva comisión de expertos que llamará el Ministerio de Hacienda para que aconsejen sobre la reforma pensional, que dicho sea de paso, había descartado este año el Ministerio de Trabajo, pero hay que aprender de la experiencia y ojalá lograr aplicar las recomendaciones que se hagan, por más impopulares que sean. Esos expertos no pueden empezar a trabajar las pensiones, advirtiéndoles que no toquen la edad de jubilación. Simplemente es imposible.