Por el grado de inversión antes de 2030

Hay un viejo chascarrillo popular que dice que es poco recomendable pelear con las tres “P”: policía, profesores y papás, pero, si de gobiernos se trata, es mucho menos recomendable discutir con las firmas calificadoras de riesgo. Ya no tiene sentido argumentar o echarle la culpa a la pandemia, los bloqueos, el fenómeno del Niño, los acuerdos de paz o viejos gobiernos irresponsables. Los colombianos deben entender que el grado de inversión de un país se pierde por una sumatoria de situaciones que van desde el bajo recaudo hasta la incapacidad del Ejecutivo para hacer reformas estructurales. Nadie puede negar que el déficit fiscal ronda 8% cuando debería ser 2%, ni que la deuda externa, que el próximo año representará más de 60% del PIB, supere 40%. Y si a esto se suma que la economía crece poco históricamente (en torno a 3,5% promedio) y no genera el empleo necesario para bajar la cifra a un dígito (hoy 15,6%), las cosas se complican de cara al futuro inmediato. El grado de inversión puede ser comparable a tener un buen nombre en las bases de datos de créditos en el sistema financiero, pero su verdadera dimensión e impacto es que se debe contar con él para que la inversión extranjera pueda poner su dinero para emprendimientos en la economía. El grueso de las grandes multinacionales y los fondos de inversión tienen prohibido invertir en países expuestos al riesgo de mal manejo fiscal y de poca seguridad jurídica como ahora es Colombia, y trabajar para recuperar el nivel de los años anteriores es cuestión de hacer bien la tarea y sentarse a esperar de nuevo el guiño financiero. Todo es cuestión de hacer la tarea fiscal, en pocas palabras gastar menos de lo que se entra a las arcas nacionales, una actitud bien complicada, pues la actual coyuntura social se ha deteriorado y hay políticos sembrando inconformismo con ideas populistas.

Hay que recuperar el grado de inversión antes de 2030 y para lograr esta meta nacional se necesitan muchas cosas. Lo primero es entender el papel de las calificadoras y su rol en la macroeconomía y en el endeudamiento de las empresas multilatinas. Es inútil pelear con ellas como lo hacen los gobiernos de Argentina o Venezuela, mucho menos decir que Brasil tampoco tiene grado de inversión y no le ha pasado nada. Son argumentos peregrinos que condenan a las nuevas generaciones a vivir en medio de carencias y puede suceder que caiga de ser un país emergente a uno de frontera, eso si no hay un pacto nacional por la formalidad, el crecimiento y la contribución. Otra cosa que también hay que asimilar es que Moody’s le quitará el grado de inversión al país como lo hizo Fitch y S&P, y que salir de esa zona de riesgo no solo se arregla aprobando en los próximos meses una reforma tributaria de unos $12 billones, sino que ese es el punto de partida para el debate político que se avecina en torno a las reformas estructurales que se necesitan hacer: una verdadera reforma tributaria estructural, solucionar la amenaza pensional, actualizar el régimen laboral más acorde a la nueva economía y organizar las finanzas de las entidades regionales. No se puede ocultar este gran debate a los candidatos presidenciales y a sus propuestas, es más, este debe ser el tema más importante. Por primera vez el tema económico debería ser el dorsal de la campaña, cosa que determinaría el futuro del país y le enderezaría la senda de crecimiento.