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La corrupción ha permeado todas las esferas públicas, y el Ejército y la Policía, no han sido la excepción a la regla.
El ex ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, pronunció en julio de 2011 (un mes antes de salir por la puerta de atrás de la cartera) unas palabras que hoy le quisiéramos escuchar del actual jefe de todos los ejércitos de Colombia: “los comandantes deben estar concentrados en ganar la guerra, no en ver a quién le entregan los contratos (...) La contratación directa se presta para muchas conjeturas”. Así lo manifestaba el actual embajador ante la Unión Europea en Bruselas, al presentar la entrada en vigor de la política de centralización de compras y contratos entre las Fuerzas Militares y la Policía para evitar gastos no necesarios y duplicados dentro de las mismas.
Desde el 21 de marzo de 2011, el Ministerio de Defensa quiso centralizar el sistema de adquisiciones de material en una sola oficina, decisión que suspendía la facultad de comprar que tenían las Fuerzas Militares y 16 empresas que dependen de ellas, otorgada en 2006. La medida se conocía como ‘la directiva permanente número 11’ y buscaba la centralización del sistema de compras y el endurecimiento del control para evitar “hechos de corrupción”. Para tal efecto, el Ministerio creó una oficina que se encargabas de esta función, pero nunca arrancó efectivamente.
En 2006 se autorizó al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y cada una de las empresas del sector defensa a realizar sus propias compras. Esto fue derogado por hechos de corrupción en los negocios del Ejército como el de Fondelibertad donde se ‘embolataron’ más de $3.000 millones mediante la firma de contratos inútiles. La gerencia y administración del presupuesto anual del Ministerio se ha convertido en una ‘papa caliente’ para los diferentes gobiernos, pues la cifra asciende a unos $27 billones de pesos (unos US$14.200 millones).
La centralización de compras y contratos entre las Fuerzas Militares y la Policía, para evitar gastos no necesarios y duplicados dentro de las mismas era una buena solución, pero obviamente no contaba con el compromiso de muchas cabezas militares que por muchos años compraban con dineros del Estado a quienes quisieran, sin que les pidieran cuentas. En ese momento, el Ministerio logró sentar en una mesa a la Andi, Fenalco, la Cámara Colombiana de la Infraestructura y a Camacol entre otros actores de los negocios en Colombia, pero nunca se logró erradicar uno de los males que hoy tienen en jaque el Ejército, la contratación irregular.
Esta purga de militares corruptos con dineros del erario público debe hacerse ahora, pues pone al descubierto una verdad que todos conocen y es que la guerra es un gran negocio, que en tiempos de paz perderá su dinámica que ha enriquecido a muchas empresas proveedoras en licitaciones dudosas.
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