Pragmatismo en la lucha contra el contrabando

En tanto, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobaba en último debate un proyecto de ley, que equipara el contrabando con el lavado de activos y establece una prisión hasta de 20 años para quienes realicen esa actividad, la misma plenaria aprobó el proyecto que le da un plazo de un año a la Fiscalía para resolver la situación de los sindicados que están en prisión, esto con el objeto de evitar por ahora su excarcelación, por vencimiento de términos. 

Todo un contrasentido. Por un lado, se pretende llevar a la cárcel a los contrabandistas, para lo cual, deben ser detenidos primero como sindicados e iniciar el juicio, y por otro se reconoce que el país enfrenta un problema serio que no ha podido ser solucionado: la cantidad creciente de personas que están en prisión y a quienes no les ha sido definida su situación judicial. 

No cabe duda que el contrabando de mercancías de importación es un delito que tiene características especiales y su tratamiento debe ser ejemplar, pero distinto al del homicidio, el terrorismo y el robo de los recursos y patrimonio del Estado, solo para reseñar algunos. Por eso, su castigo debe tener consideraciones distintas y el debate no se puede reducir a la privación de la libertad, cuando la conciencia es general acerca de la discrecionalidad de los administradores de la justicia para imposición de las penas, cuando hay confesión, delación o reparación del daño causado, asuntos que en el caso del contrabando son muy difíciles de manejar, pues hay dinero de por medio.

Hay elementos no judiciales que deben ser tenidos en cuenta al debatir sobre el contrabando. Por ejemplo, la capacidad de los organismos de represión del delito en nuestras fronteras y no solo por la condición humana de los individuos sino por la escasa o nula disposición de tecnología habilitada para el efecto, además de la reducida nómina. A ello se agrega la limitada capacitación de quienes ejercen las funciones que deben ir más allá de la revisión documental o medición básica para determinar las cantidades y calidades de las mercancías ingresadas.

En coyunturas particulares hay una propensión mayor al contrabando por razones de tipo económico, en particular de precios. Por ejemplo, hoy no está entrando arroz ilegal desde Ecuador, como tradicionalmente ha ocurrido, porque los precios internos en ese país son más altos que en Colombia, pero a finales de año el panorama cambiará radicalmente. Una evaluación especial se debe hacer sobre lo que pasa en Venezuela. No se ve en el proyecto de ley que se aprobó en el Congreso ningún mecanismo que establezca instrumentos de inteligencia e información para enfrentar la dinámica del que fenómeno. 

Para que el ataque al contrabando sea efectivo requiere una gran acción concertada de las instituciones públicas, no solo ministerio de Hacienda y Dian con la Policía, sino que deben estar involucradas las autoridades sanitarias, ambientales, de comercio, transporte, seguridad y defensa, justicia, salud pública y hasta la misma Cancillería.