Semana decisiva para la reforma tributaria

Al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, se le están juntando dos discusiones coyunturales que no pueden pasar desapercibidas en la opinión pública: una, la reforma tributaria, en que la discusión oficial se redujo a la mitad del tiempo requerido, buscando que pase a sanción presidencial antes del fin de octubre por el mensaje de urgencia; y dos, el análisis del proyecto de ley de presupuesto general de la Nación.

Ambas cosas son los dos eventos económicos del año para cualquier gobierno, no solo porque garantizan la gobernabilidad durante las distintas legislaturas, envían un mensaje a la banca multilateral y las firmas calificadoras de riesgo, sino porque le inyectan el dinero a los ministerios y todas las entidades para que puedan desarrollar sus políticas públicas.

No está mal que las dos cosas se junten (presupuesto y tributaria), pues este par de situaciones tienen la misma columna vertebral, que es el origen y la destinación del dinero público, incluso debería promoverse una reforma constitucional que obligue a la administración de turno a discutir públicamente el proyecto de presupuesto y visibilizar su financiación, de tal manera que los contribuyentes conozcan ampliamente cómo se van a gastar los impuestos y que quienes nunca contribuyen, sean más conscientes de que no pueden sobrevivir del tributo de una minoría, ni mucho menos exigir aumentos tributarios para su disfrute.

Las preguntas pedagógicas son muy simples: ¿cuánto vale el presupuesto del próximo año? ¿de dónde va a salir el dinero? ¿cómo se financia el presupuesto? ¿por qué es necesaria una reforma tributaria anual? Son cuestiones simples para las autoridades económicas, pero engorrosas, confusas y mal explicadas para los contribuyentes.

El nuevo Gobierno Nacional consiguió su elección con algunas promesas asistencialistas que requieren mucha inversión social y los más de $400 billones propuestos para gastar en pago de deuda, administración pública, pensiones e inversiones en infraestructura, pareciesen insuficientes, por lo tanto el ahorro debería aparecer en cualquier momento, de tal manera que se envíe un mensaje a las personas de que es cuestión de dar ejemplo. Hay varias situaciones que benefician las arcas estatales y que se deben reconocer de los anteriores gobiernos: una es la buena evolución (no la óptima) del recaudo tributario, que este año batirá el récord de los $200 billones; la otra es que la economía ha traído una dinámica postpandémica de crecimiento que ayuda con esa contribución, y la tercera situación es que los precios de las materias primas experimentan su mejor momento en términos de precios y el aporte de impuestos es muy alto; solo Ecopetrol puede transferirle a su dueño, que es el Estado en 80%, casi el valor de dos reformas tributarias.

El Gobierno cuenta con las mayorías en el Congreso de la República, por lo que la tributaria presentada no debería tener obstáculos en su corta aprobación; lo importante ahora es que las discusiones, análisis y negociación, sean de cara a la luz pública, pues nuevamente se puede caer en el poder del lobby de congresistas para beneficiar algunos sectores en detrimento de otros. No solo hay que hablar de montos requeridos por la tributaria (unos $26 billones), hay que cruzarlos con el presupuesto (unos $400 billones) para que el contribuyente vea y vigile cómo se gasta el resultado de su esfuerzo empresarial o laboral.