Sin reelección, no sirve la Ley de Garantías

El peso del sector gobierno en la economía es enorme, no hay que ser un keynesiano practicante para darse cuenta de que miles de empresas trabajan con el Estado como proveedores de sus productos y servicios y que la llamada Ley de Garantías es un frenazo en seco, que de nada sirve ahora que no hay reelección, en cambio pesa mucho en las cuentas de la economía.

La génesis de la norma es la siguiente. Poco después de que se modificara la Constitución de 1991 y se aprobara la reelección presidencial en 2005, el Congreso de la República puso en marcha la Ley 996 de 2005, denominada Ley de Garantías Electorales, que vela desde entonces por la igualdad de los candidatos. La justificación de los motivos de esa iniciativa gubernamental era lógica, pues el Presidente iba a ser candidato para las elecciones presidenciales de 2006. Pero eso cambió hace dos años cuando el artículo de la reelección se quitó nuevamente de la Carta Magna, pero la estructura de garantías siguió como si nada.

Por eso para las próximas elecciones de Congreso -domingo 11 de marzo de 2018 y presidenciales -27 de mayo de 2018- se pondrá en marcha dicha ley que prohíbe a las entidades territoriales, nivel central y descentralizado, suscribir convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos a partir del próximo 11 de noviembre. Se incluyen también en la norma a todos los entes del Estado que no podrán contratar directamente desde del 27 de enero de 2018 y hasta la elección de Presidente, incluso si hay segunda vuelta el 17 de junio.

Esa norma -ya obsoleta- tiene zonas grises complicadas como es la contratación directa para defensa y seguridad del Estado. En pocas palabras el Ejército y la Policía están amarrados ante la oleada de renovados ataques de los guerrilleros que no se acogieron a los acuerdos de paz. Obvio, en un país santanderista como el nuestro lleno de normas y contra-normas, todo se puede y siempre habrá un orificio por donde se haga la trampa o en el mejor de los casos se facilite la contratación, pero ese no debe ser el camino.

La misma Constitución brinda los mecanismos idóneos a las entidades de control y vigilancia para evitar el mal uso de recursos públicos para desequilibrar las garantías electorales; no es necesario ni oportuno que una ley le quite a los gobernantes nacionales, regionales y locales las posibilidades de ordenar gasto y seguir con el tren de gastos. Todos los municipios y gobernaciones necesitan hacer o entregar obras y esta ley obsoleta les amarra las manos sin ninguna necesidad. ¿Para qué están la Procuraduría y la Contraloría?

La arqueología de las decisiones políticas es fundamental para avanzar en modernizar el Estado y quitarle amarres a la ejecución del gasto. No podemos olvidar que la Ley de Garantías nace como contrapeso al desbalance producido por la reelección presidencial y esta ya desapareció y no hay reelecciones inmediatas para alcaldes y gobernadores. No puede haber una ley para un eventual manejo inapropiado de recursos públicos para desequilibrar una elección que ya no es posible. Es muy simple observar que esa ley hace más daño que provecho en un momento de la economía de vacas flacas, en el que se necesita actuación ejecutiva de los gobernantes de turno para poner a andar las obras prometidas.