Si algo funciona relativamente bien de la Constitución de 1991 es la independencia del Banco de la República, así a los miembros de su junta los nombre el Presidente de turno, acción que se trastocó con las reelecciones presidenciales de 2006 y de 2014, pero que en las últimas elecciones se ha ido corrigiendo.
“La Constitución le otorga autonomía al Emisor como banco central, es decir, que el Banco no forma parte de las ramas del poder público (Ejecutiva, Legislativa, Judicial), de los organismos de control o fiscalización ni del poder electoral, sino que es una entidad del Estado, de naturaleza única, dotada de una organización propia adaptada a las funciones que debe desempeñar. En términos técnicos, la autonomía consiste en la capacidad del Banco para el libre análisis de los fenómenos monetarios y para diseñar y aplicar la política a su cargo, sin sujeción a otras instancias del Estado (...) Autonomía no significa aislamiento y es claro que las políticas monetaria, crediticia y cambiaria deben guardar armonía con la política económica general del Gobierno. Para facilitar esta coordinación, el Ministro de Hacienda es quien preside la Junta del Banco. Adicionalmente, para el diseño de la política en los ámbitos a su cargo, la Junta debe consultar el programa macroeconómico del Gobierno, cuidándose sin embargo de no comprometer el cumplimiento del objetivo fundamental que le ha sido encomendado: la preservación de la estabilidad de precios”. Dice el mismo Banco que, puede negarse a atender requerimientos que eventualmente pudiera formular el Gobierno para cubrir faltantes fiscales.
La independencia de la autoridad monetaria es un factor de significativa importancia para la credibilidad de las medidas que se adopten, lo cual redunda en un aumento de su efectividad. La gran tentación de un gobierno populista e irresponsable es que los problemas de inversión se solucionan emitiendo dinero sin ningún respaldo.
Eso ha pasado en países como Venezuela y Argentina, decisión que los ha llevado a grandes devaluaciones y a fenómenos de hiperinflación que aún no han solucionado. “Por mandato constitucional, el Banco de la República recibe la responsabilidad esencial de velar por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda. Es decir, el control de la inflación es objetivo principal de la política monetaria. De esta forma, se reconoce que la estabilidad de precios es necesaria para el progreso económico y, por lo tanto, el Banco debe ajustar el crecimiento global del dinero y del crédito con miras a lograr este objetivo”.
La Ley 31 ordena a la Junta que al comenzar cada año fije metas de inflación que deben ser siempre inferiores a los resultados de la inflación del año precedente. Emitir dinero, como lo ha mencionado el Presidente en varias oportunidades, es un comentario fuera de sitio que solo genera rumor y malestar; pero cuidado, el Banco está ad portas de elegir o reelegir un nuevo gerente general del Emisor y remplazar a dos de los miembros de la junta, un par de decisiones que siempre han sido técnicas y que ojalá se mantenga esa misma línea.
Es un peligro real que las baterías políticas del Gobierno Nacional se encaminen o se enfoquen en controlar la institución del Estado que emite dinero, que imprime billetes con la ilusa idea de que así se solucionan los problemas. La idea de que todo se arregla con subsidios e imprimiendo billetes sí es la entrada a convertirnos en otra Venezuela.
