Un cierre en medio de una tormenta perfecta

Debe ser muy interesante el desarrollo de un consejo de ministros de la administración de Gustavo Petro: los ministros de Salud, Trabajo y Hacienda deben exponer -muy preocupados- el estado de sus reformas en el Congreso, la de la salud, la laboral y la de financiamiento (con tributaria incluida), y al otro lado de la mesa, sus colegas del Interior, Minas y Defensa, tratando de explicar el estado del orden público, las cosas en el Senado y la Cámara, la crisis energética y el avance de los grupos criminales en todos los rincones del país.

Los demás ministros y participantes de esa importante “junta directiva del Gobierno”, deben ser una suerte de convidados de piedra, pues el voltaje de los temas neurálgicos para el país debe eclipsar al resto. Todos los asuntos del gobierno son importantes, pero los que pueden afectar gravemente a los 14 millones de familias colombianas son las crisis energéticas que se ciernen sobre el país.

Nunca antes y al mismo tiempo, el país había experimentado embalses por debajo de sus niveles; caída en las reservas de gas; ajuste en los precios del diésel y gasolina, además de crispaciones internas en Ecopetrol y filiales del peso económico de Reficar e ISA.

Son muchas crisis estructurales juntas en la antesala de la disputa política del próximo año y medio, pues no se puede perder de vista que habrá elecciones para elegir congresistas en marzo de 2026 y quizá dos vueltas presidenciales en mayo y junio de ese año; así las cosas, 2025 será un tenso periodo electoral que obligará al Gobierno Nacional a tener dos agendas, una en función de buen gobierno, con mayor ejecución y eficiencia administrativa, y otra, de milimetría política, pues los partidos de izquierda han sido reiterativos en que no quieren dejar el poder al futuro y están moviendo la administración pública en ese objetivo de mantenerse en el Ejecutivo, muy a pesar de que han demostrado absoluta incapacidad en el manejo de lo público.

La crisis más grande que pudiesen experimentar las familias tiene que ver con la atención de las necesidades básicas en la salud. La nacionalización o intervención de las EPS es un episodio ya casi olvidado en la política colombiana, pero de alta afectación para los pacientes.

El Gobierno Nacional nunca aclaró si hubo una asfixia y destrucción deliberada del sistema de salud, pero la gente así lo siente porque antes todo funcionaba un poco mejor. La Superintendencia de Salud ha dejado de supervisar, de dar cifras, no obstante, los gremios médicos dictan que todo se ha deprimido en servicios de urgencia, entrega de medicamentos y asignación de citas con profesionales especialistas.

No hay avances en la atención y el acceso y disponibilidad de los servicios ha ido involucionando de manera exponencial, lo que generará una crisis sin precedentes al final del año y bien entrado 2025. En el frente energético, las cosas generan más incertidumbre: embalses, petróleo, gas, gasolina, transición, autosuficiencia, reservas, extracción, renovables, y el fracaso de las comercializadoras privadas en la costa Caribe, serán el peor dolor de cabeza para el Gobierno Nacional en los próximos meses. Nuevamente, los políticamente activos departamentos del Caribe tendrán en el servicio eléctrico el caballo de batalla electoral para los próximos meses.

Ojalá el Gobierno marque un antes y un después a menos de 100 días del cierre del año y sepa sortear -para el bien del país- los problemas que se están cocinando.