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El Gobierno debe priorizar tareas para no ser inferior a las expectativas de sus electores, quienes esperan acciones concretas, mientras los funcionarios se concentran en otras
Cuatro años se pasan volando y los presidentes, alcaldes y gobernadores lo saben. Son solo 208 semanas, 1.460 días o 35.040 horas dedicadas a resolver problemas crónicos que no se han podido solucionar en décadas, incluso en siglos. El gran lío con las expectativas de los electores es que en campaña se prometen cosas posibles e imposibles para ganarse su favor y cuando se empieza a gerenciar la cosa pública se cae en el inevitable atasco de no saber priorizar las cosas. Lo primero que debe hacer el consejo de ministros es listar los temas que deben ser tratados como estructurales o políticas de Estado que trasciendan gobiernos y los demás; por ejemplo las pensiones, los impuestos, la transición energética, la pobreza, la educación, la defensa o las grandes obras de infraestructura disruptivas para la competitividad. Pasados 30 días de la administración Petro, los nuevos gobernantes han caído en tres errores básicos de arranque de principiante que cree que cuatro años son mucho tiempo, y que si no los arreglan pueden empeorar y generar problemas más profundos. El primero es que todos los funcionarios hablan de todos los temas estructurales sin filtro ni responsabilidad; segundo, que no hay vocerías calificadas o especializadas apegadas a una hoja de ruta para los próximos cuatro años; tercero, lo más grave de todo, es que los ministros y el propio Presidente se metieron en temas de alto calado, muy profundos, polémicos y endémicos para la opinión pública, mientras que los electores tienen otras expectativas más básicas y cortoplacistas como la economía familiar, el empleo, los altos precios y la inseguridad reinante en todos los rincones de Colombia. El alto costo de vida no se soluciona con argumentaciones teóricas, ni más impuestos; más trabajos formales bien remunerados no se generan o multiplican con reformas tributarias ni persiguiendo a las empresas; y la inseguridad campeante solo se controla con presencia efectiva del Estado en los caldos de cultivo regionales en donde germinan los delincuentes, y no obligando a la Policía y el Ejército a una suerte de brazos caídos porque el Ejecutivo va a dialogar con los bandidos en medio de un gran plan de Paz Total en el que delinquir puede ser una actividad sin consecuencias. El Gobierno de Petro puede naufragar al intentar legitimar delincuentes y hacerles el cambiazo a agentes políticos; al pretender llenar la agenda de la opinión pública con el relanzamiento del tema de la paz, que nadie duda su necesidad, pero sin ver a una autoridad arrodillada ante guerrilleros y narcotraficantes, cualquiera sean los tamaños de los grupos al margen de la ley. Petro debe aprender de las fallas del proceso de paz de Santos, pero más allá debe interpretar lo que quieren sus electores y el resto del país, pues es el Presidente de todos los colombianos y a esa expresión “todos”, los une como un cordón umbilical el alto costo de vida, la incertidumbre de las pensiones, las buenas carreteras, el crecimiento de las actividades productivas, el anhelo por vivir en un país más seguro, la calidad en la educación, en general, el mejoramiento de las necesidades básicas, como vivienda, salud y entretenimiento. Es solo un mes de nuevo gobierno, hay gente experimentada y bien intencionada que aún tienen margen de mejorar y hacer una buena administración por el bien y para el bien de todos los colombianos.
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