Un derecho que se convierte en amenaza

Pasadas pocas horas de la confrontación electoral, que siempre arroja ganadores y perdedores, el guayabo o la resaca de ambos empieza a desnudarles sus intenciones subyacentes. Mientras el presidente electo, Iván Duque Márquez, hizo un llamado a la unidad, a actuar en equipo para sacar al país adelante, el discurso del candidato perdedor, Gustavo Petro, es revanchista y amenazante al convocar a una oposición en el legislativo y en las calles, que no es otra cosa que una combinación de fuerzas de lucha política; por un lado el debate obligatoria en la Cámara y el Senado, y por el otro, el agite social desmedido a través de marchas y protestas de todos los sectores que siempre enfrentan al establecimiento y las instituciones. Esa estrategia de alteración permanente promovida por los grupos políticos perdedores en nada ayudan a la reconciliación nacional y es totalmente antagónica a la constante reivindicación de paz.

Es la primera vez en la historia política de Colombia que los ideales de izquierda están liderando la oposición en el Congreso y ante el ejecutivo, un suceso inédito que es avalado por más de ocho millones de votos para las presidenciales y por una tercera parte del Senado. Es una oportunidad de oro para hacer buen uso de esta representación histórica en función del desarrollo del país, no para torpedear, amenazar y atravesársele sin sentido a una administración nacional que aún no ha empezado a gobernar. No se trata de protestar por protestar, como una forma de existencia política que solo subsiste en medio del caos, miedo y desolación que la protesta genera. Está claro que es un derecho consagrado en la Constitución y que todo gobernante debe preservar y respetar, pero es incomprensible convocarlo sin haber empezado la nueva administración central, que dicho sea de paso, tiene la obligación de corregir los errores del gobierno saliente para evitar que los opositores de oficio convoquen marchas y protestas sociales, aún sin saber por qué.

Lo prudente en estos casos es dejar que la administración Duque se instale por completo en la Casa de Nariño; dejarlos nombrar sus cuadros ministeriales y directivos de las diferentes entidades públicas; analizar técnicamente el plan de desarrollo como hoja de ruta para los próximos cuatro años; priorizar una agenda legislativa urgente con todos los proyectos estructurales que el país económico y social necesita; escuchar los ajustes que tiene la implementación de los diálogos con las guerrillas; mirar en detalles cuál es el plan de acción tendiente a frenar el crecimiento de los cultivos ilícitos, en pocas palabras, hay que dejar actuar al nuevo Gobierno para poder convocar o no marchas y protestas, de lo contrario es desgastar el derecho necesario que tiene la oposición.

El Artículo 112 de la Carta Magna dice que “los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que se declaren en oposición al Gobierno, podrán ejercer libremente la función crítica frente a este, y plantear y desarrollar alternativas políticas”. El punto clave es que amenazar con llevar la oposición a las calles es tratar de imponer el miedo a la sociedad como forma de ejercer poder para cambiar el modelo económico o llevar a cabo reformas que deben ir al Congreso para ser estudiadas. Todo es válido, pero hay que darle espera a que el nuevo Gobierno arranque, de lo contrario es demostrar una fuerza temeraria e innecesaria.