Un país que no sabe hacer tributarias

Un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Ocde, que da cuenta del ranking de los países con sistemas tributarios más competitivos en 2023 pone a Estonia en la cabeza de la lista con un puntaje de 100 y a Colombia en la cola con 46 puntos.

A la luz del mundo: los colombianos tienen el peor régimen tributario del “club de las buenas prácticas”, uno de los problemas en donde reside el subdesarrollo y la pobreza. ¿Pero cómo hemos llegado a ese lugar? Todo tiene que ver con los ministros de Hacienda, y por supuesto los congresistas.

Casi todos los exministros de economía colombianos salen en hombros autoproclamados como los salvadores del modelo de desarrollo, pero con el paso del tiempo salen a flote muchas incompetencias que explican por qué Colombia no solo es desigual, inequitativo, pobre, precario, sin pilares fundamentales que ayuden a hacer empresa, sobre todo sin ninguna seguridad tributaria; acá se cambian las reglas de juego de los impuestos cada año, un factor determinante para invertir.

Los factores que usa la Ocde para llegar a la calificación son los impuestos corporativos, los impuestos al consumo, los impuestos a la propiedad, los impuestos individuales y las normas fiscales transfronterizas. La conclusión no es otra que el sistema tributario tiene un desbalance: la composición da un peso muy alto a los de consumo (42,9%) y un peso muy bajo de los impuestos individuales (6,2%).

Acá se grava más a las corporaciones, lo que distorsiona la contribución de quienes pueden potenciar la actividad económica, y favoreciendo a quienes no generan riqueza; no hay compromisos redistributivos.

Siempre se dice que el sistema tributario colombiano es una colcha de retazos y nadie cambia nada; no solo es complejo y hay una dificultad enorme para hilar el Estatuto Tributario. Hay impuestos adicionales al de renta que encarecen la operación de empresas, como parafiscales y costos laborales no salariales.

Son impuestos hechos para que no haya empresa o para desaparecerlas. La última reforma tributaria del actual Gobierno puede hacer agua, luego de que la Corte Constitucional declarara inexequible el parágrafo 1º del artículo 19 de la Ley 2277 del 2022, que prohibía la deducción de las regalías de la base gravable del impuesto de renta de las empresas dedicadas a la exploración y explotación de recursos naturales no renovables.

A lo que el Presidente reaccionó diciendo que “le toca al ministro de Hacienda después de esta decisión, que no puedo compartir, recortar el presupuesto de las tres ramas del poder público” y a renglón seguido anunció que congelará los altos salarios del sector público, para enfrentar las consecuencias económicas de la reciente decisión de la Corte, que dejó un hueco de $6,5 billones en los ingresos del próximo año.

Una manera de poner contra los palos a la Corte pues se vienen nuevas revisiones de artículos de la tributaria que buscaba recaudar $22 billones, que modificó las tarifas del impuesto sobre la renta, que delimitó deducciones, puso impuestos a los dividendos, y que mucha gente aplaudió en su momento.

Seguro también se caerá la iniciativa que volvía permanente el impuesto al patrimonio, que pasó de ser extraordinario a permanente, cuando el patrimonio líquido (activos menos pasivos) supere $2.700 millones. Con tanto cambio y pasos en falso, de casi todos los últimos ministros, es seguro que se venga otra tributaria.