El Gobierno Nacional y el Congreso de la República -sin querer queriendo- se han metido en uno de los debates dorsales del país político, geográfico y económico. Se trata de la descentralización fiscal, un asunto que dejó incompleta la Constitución de 1991 y que con el paso de los años se ha ido deteriorando, además que es la causante del atraso de las regiones y la cada vez más acentuada centralización de las decisiones de desarrollo del país.
Una hipótesis de trabajo académico es que el centralismo fiscal es la principal causa de la pobreza endémica, del Estado fallido en varias regiones, la mala infraestructura y la brecha social, cada vez más amplia, de los territorios con las 13 grandes ciudades. Es el momento apropiado para hacer justicia con los mal pintados departamentos para resolver los enredos generados por las distintas contrarreformas a la Constitución del 91, de 2001 y de 2007, tal como dicen los ex ministros de Hacienda en su carta al Congreso. Pero sin acelerar que el país necesita más autonomía territorial y necesita cerrar las brechas entre los territorios.
“El centralismo exacerbado en Colombia se ha convertido en una amenaza a la unidad territorial del país”, tal como ha explicado Juan Fernando Cristo, ministro del Interior. El problema es que nunca hay tiempo para cambiar el mecanismo mediante el cual los municipios, distritos y departamentos reciben el dinero de la Nación, con el que pagan servicios básicos: educación, salud, agua, entre otros.
La distribución de estos recursos se ejecuta en función de criterios como lo son la población, necesidades y niveles de pobreza. La reforma es un paso inicial para la verdadera descentralización, esa que fortalece las instituciones territoriales, a través de más recursos y mayores responsabilidades, para que estas mismas tengan un rol más activo en la administración, ejecución y vigilancia de sus proyectos.
No solo se trata de un simple proyecto de ley, sino una batería de nuevas leyes que deben empezar en algún momento, pues desde Bogotá siempre las cosas se ven distintas. A los municipios y gobernaciones no se les puede seguir graduando de corruptas, y bajo ese “argumento-sospecha”, no les dan el dinero suficiente para avanzar en el desarrollo.
Es como si en el Estado Central no hubiese corrupción, o como si entre los definidores del gasto no hubiesen intereses políticos. Esa gran reforma pendiente tiene que tocar la naturaleza constitucional de la Contraloría General y de las otras contralorías departamentales, unas subsidiarias que no cumplen con su papel; como también el Departamento Nacional de Planeación que se ha convertido en una suerte de competencia de la cartera de Hacienda.
El proyecto que reforma el Sistema General de Participaciones, es necesario para flexibilizar de abigarrado Presupuesto General de la Nación y sus componentes. Dicen los ex ministros que “los gastos inflexibles del Presupuesto General de la Nación ascienden, según el proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno, e incluyendo el Sistema General de Participaciones, a la suma de $362,4 billones, es decir 113% de los ingresos corrientes proyectados por el Gobierno, aun incluyendo dentro de éstos los $12 billones adicionales con los que espera contar si se aprueba la Ley de Financiamiento”.
Un tema dorsal para la sanidad fiscal del país, pero también crucial para solucionar los problemas de las regiones que no se ven desde Bogotá.
