Una Contraloría de bolsillo no debe ser norma

El nuevo Congreso de la República, muy a pesar de que está altamente renovado, mantiene las mismas fallas de origen que sus antecesores: manipular la importantísima elección del Contralor General, que tiene como función constitucional ser la máxima autoridad de vigilancia del fisco, cuidar el buen uso del dinero público e ir en contra de los gastos corruptos, obras sin terminar, “incestos económicos” entre senadores y ministros, componendas entre contratistas y gobernantes e investigar a fondo qué se hace con el dinero de impuestos que nunca alcanza para la inversión social.

Es una figura determinante contra la corrupción que tiene origen en los vicios crónicos de políticos como alcaldes, gobernadores, ministros, altos funcionarios con los senadores y representantes. A los congresistas y los funcionarios del alto gobiernos se les se les cumple su sueño más dorado de la corrupción y es que quien los vigila les deba su elección; “una suerte de paradoja de quien me investiga me cuida”. Por eso, el ruido de cada cuatro años a la hora de conformar la lista en contra de quienes aspiran a tan importante función pública, que no solo tiene el rol de hacer control previo a las obras estatales, sino que goza de una altísima burocracia que siempre suple con nombres que aportan los mismos vigilados.

La Contraloría General de la República saliente ha brillado frente a sus antecesores manteniendo una distancia prudente con el Congreso y con el Gobierno, recuperó el prestigio de la entidad de control y vigilancia, avanzó en recuperar los controles antes de cada obra, pero la voracidad política de los nuevos parlamentarios hará que los avances liderados por Carlos Felipe Córdoba se desvanezcan en el tiempo y la entidad, si no se cuida esta elección, vuelva a ser noticia por incompetencia, inoperancia, corrupción e ineficacia de la que siempre fue acusada.

Tras una deliberación en el Congreso quedó definida la comisión que estará encargada de entrevistar a los 17 aspirantes al cargo de Contralor General; el Día D para la elección quedó definido el 18 de agosto, fecha en la cual se sabrá quien lleve las riendas de la importante entidad. Por fortuna, se abortó la iniciativa non sancta del viejo Congreso que buscaba elegir al Contralor para el período 2022-2026, es decir dejar nombrado un cargo clave, que no les correspondía constitucionalmente, en uno de los actos más corruptos, temerarios y ligeros, que por fortuna fue frenado.

Corregido ese intento de dejar nombrado un contralor de bolsillo, el reto ahora es revisar los nuevos nombres para que la persona por la que se inclina el Congreso sea la más idónea y que las altas cortes puedan estar atentas a su nombramiento, función y desempeño para el bien del país. Es simple: si la promesa de todos los políticos es luchar contra la corrupción para hacer más eficiente, transparente y responsable al Estado, es fundamental que procuradores, contralores, defensores, superintendentes, y todas esas oficinas claves en la lucha contra el hampa política, tengan un grado máximo de independencia para con quien los elige. Colombia debe caminar con paso firme hacia una verdadera erradicación del saqueo del erario y abanderaren los próximos cuatro años una función urgente entre las contralorías regionales y la nacional, no puede ser que las mismas fallas en el orden central se repliquen en los departamentos.