Una reforma agraria a golpe de invasiones

Los datos que reposan en la Agencia Nacional de Tierras dictan que las comunidades indígenas controlan 28,9 millones de hectáreas de los 114 millones de las que dispone Colombia; dicho de otra manera, 25,3% del total nacional o la cuarta parte, le pertenece a 767 resguardos indígenas (menos de dos millones de personas), que en el último lustro han crecido 15%.

Las noticias de invasiones de parcelas, fincas, haciendas o plantaciones que llegan del Cauca, no son nuevas, pero sí es novedoso que sucedan ad portas de un gobierno central de izquierda, que aún no se ha posesionado pero que ha prometido una reforma agraria o rural. Siguiendo con la caótica situación que se registra en el Cauca, es uno de los departamentos que más tiene registros de peticiones tiene para titulación de tierras, si bien 44,8% del territorio ya está en manos de resguardos. De acuerdo con cifras del Observatorio de Tierras Rurales de la Agencia Nacional de Tierras, el Cauca tiene 3 millones de hectáreas, 1,3 millones están tituladas a minorías, favoreciendo a más de 2.000 familias étnicas distribuidas en unos 200 resguardos y 14 comunidades colectivas.

El primer problema es que las solicitudes de tierras para indígenas, raizales y otras comunidades minoritarias o de víctimas se ha ido multiplicando: en 2005 el Dane registró que en esa región habitaban 248.532 indígenas, en el reporte de 2018 este número subió a 308.455. La normatividad para crear resguardos se ha ido flexibilizando y trazos culturales como comunidad, dialectos, vestigios antropológicos, tradiciones, cosmovisión, propiedad colectiva, economía comunitaria o colaborativa, no son tenidos en cuenta para crear y promover nuevos espacios indígenas. En pocas palabras, no hay reglas para conformar resguardos ni se vigila la real filiación de sus miembros.

El problema fiscal para los distintos gobiernos y para el resto de los colombianos es que los resguardos no pagan impuestos sobre la tenencia de la tierra como predial o catastro, ellos no son objeto de cobro pues son propiedades colectivas o comunitarias; pero es falacia, pues el Ministerio de Hacienda debe pagar a los municipios con resguardos el impuesto predial de esos territorios, unos $38.000 millones salen del erario para este pago a municipios.

El problema en el norte del Cauca y de una buena parte del sur del Valle, en donde trabajan los ingenios azucareros desde hace más de un siglo, es que grupos revestidos de indígenas, blindados políticamente y sin mayores cortapisas, avanzan sobre tierras productivas pertenecientes a inversionistas tradicionales o finqueros de tres o cuatro generaciones. La agroindustria de la caña abarca 51 municipios, seis departamentos (Valle, Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío y Meta). Solo en el valle geográfico del Río Cauca hay 241.205 hectáreas sembradas en caña, 25% corresponde a tierras de los ingenios y el restante 75% a más de 2.750 cultivadores de caña. Y no solo es producción de azúcar, es alcohol carburante y una docena de sofisticados productos resultado de esa actividad.

Muy temprano en su mandato, el presidente Gustavo Petro y su ministra de Agricultura, Cecilia López, deben actuar con claridad sobre la propiedad privada, su modelo agroindustrial y el modus operandi de los resguardos que invaden tierras, se las entregan y el resto de los colombianos deben pagarles sus impuestos.