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Vuelve y juega una reforma laboral que avanza sin tocar la informalidad, no hay incentivos para que trabajadores y empresarios disminuyan la precariedad
La reforma laboral propuesta por el Gobierno Nacional fue aprobada en su primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes a pocos días de expirar esta legislatura que terminará mañana 20 de junio, ahora debe ser agendada en la plenaria de la Cámara para continuar con su trámite en el Senado.
Es como si el Gobierno Nacional se hubiese revitalizado en las últimas horas en el Congreso, pues poco tiempo después de haber aprobado el nuevo sistema pensional que entrará en vigencia el próximo año, esta idea -casi muerta- de acomodar ciertas cosas laborales, toma un segundo aire sin cambios estructurales, nada enfocado en la generación de empleo ni en disminuir la enorme informalidad que golpea a la economía, dos retos por cubrir para que el país empiece a solucionar problemas estructurales.
No es cierto que “el Gobierno sí tiene una gran estrategia para el empleo”, en la reforma propuesta brillan por su ausencia los incentivos para los empresarios para generar más puestos de trabajos formales y carece de ideas para que los trabajadores informales puedan acceder a seguridad social.
Cerca de 56% de los trabajadores colombianos son informales, de una población económicamente activa de 24 millones, es decir, que, si bien tienen acceso informal a cotizar para pensionarse algún día, acceso al sistema de salud pública o afiliarse a una caja de compensación, no hay manera de que contribuyan a las arcas del Estado.
La informalidad no se cruza por la contribución tributaria, en unas economías altamente de rebusque y competitivas al comercio informal o que hacen uso de los espacios públicos. La inmensa mayoría de los empleos informales tiene mejor remuneración que los trabajos formales porque no pagan impuestos ni parafiscales; no hay ningún incentivo para que estos den un salto en contra las precariedades.
Las relaciones laborales entre patronos y trabajadores informales no están sujetas a la legislación laboral, ni cumplen con el pago de impuestos y carecen de todas las prestaciones relacionadas con el empleo.
El gran problema en el país es que nadie hace nada para disminuir este problema, pues se enfoca en el derecho al trabajo sin ninguna protección social. El mayor desafío que tienen las políticas públicas es derrotar la informalidad, reducirlas a su mínima expresión para ganar en calidad de vida de quienes la practican como de la sociedad.
La informalidad laboral es un fenómeno persistente en una cultura que no brinda nuevos puestos de trabajo y la legislación no es flexible. El problema de esta reforma laboral propuesta por el Gobierno Nacional es que es un cinturón de protección de los trabajadores formales activos, no brinda soluciones para que los jóvenes tengan un empleo en condiciones, pero lo peor es que no se compadece de las nuevas tendencias laborales globales como es el nomadismo digital, el trabajo por horas o el recorte de la jornada laboral semanal.
El Congreso debe estudiar desde ya la propuesta que marcará el segundo semestre, enriquecerla y hacer que Colombia tenga un sistema laboral más moderno, enfocado en las verdaderas necesidades laborales de los jóvenes y evitar el pliego sindical que es la espina dorsal de la reforma propuesta.
La nueva gran crisis económica será la escasez de mano de obra, por tanto, el país debe tener un marco más formal.
Para desvanecer el reino de la incertidumbre se necesitan acciones concretas, con foco y objetivos precisos, 2025 debe ser un tiempo de hacer, ejecutar, quejarse menos y garantizar resultados