Muy pocas acciones gubernamentales del presidente, Gustavo Petro, han sido tan criticadas por toda la clase política como la intervención declarada por la Superintendencia de Salud a la EPS Sanitas de propiedad de la multinacional española, Keralty, a la que se sumó el control sobre la Nueva EPS en la tarde de ayer. La justificación de tal acción se argumenta amparada por los estados financieros de la empresa y la crisis de deudas que enfrenta. Han generado auténtico pánico los motivos de la intervención de la EPS y las condiciones bajo las que regirá la medida. La Supersalud tomó posesión inmediata de bienes, haberes y negocios, además de la intervención forzosa administrativa según las condiciones establecidas en el numeral 72 del artículo 72 del Decreto 1080 de 2021. El Gobierno ha encontrado que en los requisitos para operar, en el caso del patrimonio adecuado, se registra “incumplimiento en la vigencia 2023; en el indicador de reservas técnicas, la entidad no cumple desde el cierre de la vigencia 2020 a 2023”. Un argumento que deja sin plataforma de operación a la EPS y que le abre un gran boquete a otras empresas prestadoras de salud para que el Ejecutivo haga lo mismo. El superintendente, Luis Carlos Leal, ha dicho que “no se está entrando en un proceso de liquidación de la EPS; es una intervención forzosa para poder tomar el control administrativo y corregir algunos de los errores que venían y poder garantizar y proteger el servicio y la salud de todas las personas en todo el territorio nacional (...) Los resultados del indicador de siniestralidad PBS financiada con la UPC del Régimen Contributivo y la Movilidad del Régimen Subsidiado entre el cierre de la vigencia 2019 a 2023 aumentó en 11%, pasando de 92,9% a 103,9%”. Y con corte a enero de este año, “la EPS tiene una tasa de reclamaciones en salud de 26.07. Y se cuentan 15.070 reclamaciones que corresponden a enero de 2024”. Todo un rosario de argumentaciones técnicas que apuntan más a una “expropiación blanda” que a una simple intervención para que todo mejore. El expresidente, Iván Duque, ha puesto el dedo en la llaga y ha dicho que se trata de la toma del control de una buena gestora de salud, llevada a la crisis, para que sea el Gobierno el que asuma el aseguramiento de los pacientes. “La intervención de la EPS, una de las mejores instituciones del país, se asemeja a una expropiación (...) La asfixiaron para detonar la crisis y pasar sus usuarios a la Nueva EPS, controlada políticamente por el Gobierno”. Si bien es cierto que más de una docena de EPS ha desaparecido por intervenciones forzosas y liquidadas en los últimos cinco años, la situación de Sanitas no era para tal, pues gran parte de su situación financiera era derivada por la dependencia de recursos públicos que financian el tratamiento o la atención de más de cinco millones de afiliados. Aún hay 29 EPS que están prestando servicios en los dos regímenes y que no están en una situación financiera envidiable. Lo propio, para no generar la incertidumbre que se está esparciendo sobre la economía, es que el Gobierno hubiese acompañado genuinamente a la empresa para salvarla, en lugar de intervenirla para manejarla a su antojo. Ni la Dian, Invima, ICA, SIC o las demás superintendencias, deben convertirse en entidades de vigilancia y control policivas que acosen a empresas y busquen la manera de intervenirlas, que al final se convierten en liquidaciones o en auténticas expropiaciones.
