Una tributaria en medio de la gran turbulencia

El estallido social que experimentó Colombia en mayo de 2021 tuvo como caballo de batalla la inoportuna idea ejecutar una reforma tributaria, que al final fue abortada y dejó por fuera del Gobierno al ministro de Hacienda de entonces, a sus dos viceministros, y pocas semanas después, al director de Planeación Nacional.

El gran problema no era pretender solucionar el déficit fiscal derivado de la pandemia, ni mucho menos no perder el grado de inversión que al final fue eliminado por las firmas calificadoras de riesgo, todas ellas buenas intenciones, sino la estrategia que usaron en ese momento para comunicar dicha necesidad de poner más impuestos. Lo más grave fue que los impuestos pretendidos por el exministro, Alberto Carrasquilla, hoy codirector del Banco de la República, no estaban socializados con sus compañeros de las otras carteras y no había compromiso total del gobierno central, lo que obligó al presidente Duque a guardar la iniciativa y aceptar renuncias, luego de casi 50 días de violentas protestas con un saldo de más de 80 muertos en las calles.

Los pilares fundamentales de esa reforma tributaria están nuevamente en el Gobierno entrante: eliminar exenciones a varios sectores económicos; cárcel para los evasores de impuestos; ampliar la base de contribuyentes; unificar la tarifa de IVA; baja la informalidad en el pago de impuestos, y muchas ideas nuevas que han venido repitiendo los funcionarios nombrados, pero quienes aún no se han posesionado en sus cargos.

No obstante, han empezado a hablar con mucha suficiencia y soltura de nuevos impuestos, quizá olvidando que el Gobierno en solitario no pone impuestos, que las iniciativas tributarias deben pasar por el Congreso de la República y que es la gente quien termina aceptando o no los nuevos impuestos, pues los gobiernos son distintos, pero los contribuyentes son los mismos de todos los años. Es una situación bien complicada que debe reposarse para que todo marche bien en aras de mejorar las finanzas públicas y contar con dinero para la inversión social. Pero nuevamente los funcionarios empiezan a caer o cometer los mismos errores de sus antecesores durante el último intento de poner una reforma tributaria ambiciosa: hablar más de la cuenta, de manera temeraria, dando por sentado que sus alocuciones en los medios se convierten automáticamente en leyes.

Una reforma tributaria estructural, bien argumentada, equilibrada, que logre mayor progresividad y corrija las asimetrías tributarias crónicas del país, requiere buena estrategia de comunicaciones, sensibilizar el problema con la población, quienes deben concientizarse de pagar más impuestos o por lo menos más ordenados, pues en Colombia se pagan tributos de manera desordenada fruto de un obsoleto Estatuto Tributario de casi mil artículos con obligaciones contributivas que recaen siempre sobre los empleados formales, los empresarios y los tenedores de propiedades. Si al Gobierno Nacional entrante le va bien al país le va bien, es casi un mantra budista, más en un momento de gran turbulencia económica marcado menor crecimiento económico, alta inflación, devaluación de la moneda, tasas altas y mucha expectativa sobre las políticas públicas que emprenderá el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia. No es un momento para equivocar las maneras de comunicar, y mucho menos, de hacer las cosas.