Verdad y reparación en la corrupción

De comprobarse actos de corrupción en Reficar, ¿debe la justicia colombiana borrar del mapa empresarial a la Refinadora estatal? Igual pregunta se debe hacer para docenas de compañías constructoras inmersas en hechos de corrupción en miles de pequeñas, medianas y grandes obras de infraestructura en todo el país. La pregunta viene al caso por el desafío que representa para la institucionalidad colombiana el hecho de que la polémica multinacional, Odebrecht, quiera presentarse a la licitación del metro elevado para Bogotá, que se abrirá el próximo año. No sobra explicar o ampliar el contexto pues el nombre de la constructora brasileña tiene un deterioro reputacional enorme en toda América Latina, pero pocos saben que la compañía sigue trabajando normalmente en su país de origen y en varios de los lugares en donde se vio metida en líos confesos de sobornos a funcionarios para ganarse obras de infraestructura, además de comprar la voluntad de ministros, gobernadores, alcaldes, senadores y hasta presidentes. En diciembre de 2016, Odebrecht admitió haber pagado US$788 millones en sobornos en 12 países, incluido Colombia.

El procurador, Fernando Carrillo, ha reaccionado ante la posibilidad de que los brasileños hagan más negocios en Colombia. Ha dicho que “antes de que la multinacional Odebrecht se ofrezca para hacer el Metro de Bogotá, debería arreglar sus cuentas con la justicia y contarle toda la verdad al país”. También ha dicho que la empresa debería reparar los daños causados por su participación en una red de corrupción que se infiltró en grandes proyectos de infraestructura como la Ruta del Sol II, en donde hay otros socios colombianos. Por su parte, el alcalde, Enrique Peñalosa, ha sido más cauto al manifestar que “no soy yo el que decide, es la ley colombiana, la legislación colombiana es la que define estrictamente quién puede participar o no en una licitación”. Y justamente, ese es el punto, pues la constructora brasileña está activa como empresa en varios países y sigue funcionando en relativa normalidad. No sobra decir que toda la cúpula directiva de la empresa, que fue protagonista de los escándalos está en la cárcel, y que la constructora ha pagado miles de millones de dólares en sanciones e indemnizaciones en todos los países.

Incluso, la filial colombiana de la compañía presentó una propuesta de acuerdo de reparación integral, que consiste en darle al estado colombiano $96.000 millones, para remediar el daño ocasionado por el escándalo de corrupción. Estamos de acuerdo con que se debe reparar los daños y decir toda la verdad, pero el caso sirve para hacernos pensar los alcances de las actuaciones de la alta dirigencia de una empresa y las compañías como personas jurídicas.
En todos los países se castiga muy duro a las empresas corruptas, y así debe ser, pero al mismo tiempo se les obliga a terminar las obras que contrataron. En Colombia, algunos de los constructores locales corruptos, no solo no hacen las obras que se ganan en licitaciones amañadas, sino que se roban el dinero público, demandan a la Nación y siguen contratando con el Estado. Bien vale la pena revisar a fondo la racionalidad de los castigos, pues por ser más “papistas que el Papa”. La propuesta indecente de Odebrecht nos debe servir para analizar la verdad y la reparación cuando de corrupción se trata.