¿Y la lucha contra la evasión cuándo arranca?

Hay abundancia de estudios y cálculos oficiales sobre el monto que representa la evasión en Colombia, lo que escasea por el momento es el compromiso real de la Dian, en cabeza de su director José Andrés Romero, para enfrentar este flagelo o solucionarlo, una acción que le ahorraría a los empresarios el desgaste que representan las reformas tributarias anuales y las consecuencias en materia de seguridad jurídica.

A la luz del último Marco Fiscal -cálculos citados por la última Comisión de Expertos- la evasión ronda 3% del PIB (unos $30 billones), al tiempo que el Fondo Monetario Internacional concluye, en sus diagnósticos sobre el tema, que solo la tasa de evasión del IVA en Colombia es de 40% del total recaudado ($14 billones). Otros estudios propios de la Dian dicen que ese cáncer gira alrededor de 23% del recaudo, solo de IVA. Y así como la presente administración pasará a la historia por tramitar dos reformas tributarias en 500 días, una complementaria de la otra, para garantizar los recursos de cara a los compromisos de inversión social y de funcionamiento, la lucha contra la evasión debería no solo ser una bandera sino política de Estado, incluso tramitar la esquiva cárcel para los evasores que nunca ha podido hacerse realidad en el país, pues siempre le salen detractores en el Congreso.

Hay estudios como el de Jersson Rodríguez de la Universidad Nacional que analizó la evasión de impuestos por parte de las empresas, entre 2000-2016, a partir de las reformas tributarias y concluye que las arcas nacionales dejaron de recibir unos $11 billones cada año durante ese lapso. Al tiempo, plantea que la abundancia de reformas tributarias, impulsadas por el gobierno de turno, cubre las necesidades fiscales del momento, pero carecen de una visión de largo plazo, entre lo que se difumina la lucha real contra la evasión.

Para declararle la guerra a la evasión hay acondicionar a la Dian con las herramientas tecnológicas de las que hoy se dispone, como la inteligencia artificial, así podrán cruzar bases de datos y cazar evasores. Para ello se requiere personal capacitado, cooperación institucional, tratados internacionales, penas por evasión y sistemas de información más eficientes. La cultura de la legalidad también es una tarea por desarrollar en términos del pago de impuestos para sensibilizar sobre la fuente real de los recursos del Estado.

En Colombia se ha instalado en la cultura popular el mantra de “no pagar impuestos para que no se los roben”, una suerte de excusa mediocre que no solo legitima la corrupción sobre los recursos públicos, sino que mantiene el statu quo de muy bajo recaudo, pero altísimas exigencias de inversión social y competitividad oficial. Ninguna entidad oficial puede emprender un plan a la largo plazo para atacar la evasión como la Dian, pero para ello se necesita liderazgo institucional.

La pregunta clave al respecto es por qué hay que esperar el trámite de otra compleja reforma tributaria para tramitar un proyecto de ley en el Congreso que solo toque temas de evasión en una temporada que no sea la de fin de año, de tal manera que el país político y económico se concientice de que la mejor manera de tener mayores recaudos es ir en contra de quienes no están cumpliendo sus obligaciones tributarias, incluso se podría meter acciones contra el contrabando.