Ya entrados en gastos, la salud debe mejorar

La última reforma a la salud en Colombia se dio en 1993, cuando la Ley 100 puso patas arriba todo el sistema de protección social en su componente de pensiones y salud. En un país de ese momento, casi rural, sin internet y sumido en la corrupción, se concentró solo en tres cosas básicas, la afortunada eliminación del Instituto de Seguros Sociales, el nacimiento de los fondos privados de pensiones y la aparición de las Empresas Prestadoras de Salud; fue un gran momento que puede calificarse, puesto el retrovisor, como “híbrido” en el que se le daría al sector privado un papel más determinante en la administración de las pensiones de los colombianos y la prestación del servicio de salud.

Si bien se puede seguir argumentando que “no se deba arreglar lo que no se ha dañado”, ya hay un proyecto de ley que reforma la salud y pronto se radicará el de las pensiones, ambas cosas inéditas en un país no acostumbrado a debatir los cambios estructurales.

El tema de las pensiones vendrá en su momento, pro ahora hay que enfocarse en la salud y la intencionalidad de los cambios propuestos por el Gobierno Nacional, que no ha sido concertado con los actuales protagonistas, gremios y usuarios.

Volvamos a 1993. Todo lo que tuvo que ver con pensiones y cesantías pudo reglamentarse en dicha ley y mejorarse en el siguiente lustro, pero en materia de salud, el Congreso de la República fue inferior al reto de legislar y toda la reglamentación se hizo por tutelas que deformaron el sistema.

La “tutelitis” contra los servicios de salud justificaba la protección derechos fundamentales vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública y desde entonces el sector funciona en buena parte a punta de tutelas. En las cinco principales capitales del país, el éxito de tres o cuatro EPS hizo que la prestación de salud fuera muy competitiva y que el espíritu solidario y universal de la Ley empezara a cosechar sus frutos.

La inmensa ruralidad o amplios territorios apartados del país aún adolecen de dicha presencia de un sistema público-privado eficiente como en las grandes capitales, lo que justificaría unos ajustes lógicos y necesarios, pero no un borrón y cuenta nueva en donde el tufillo de estatización sea la intención subyacente del Gobierno Nacional; con el peligroso antecedente de entregarles a funcionarios puestos por el gobierno de turno la administración de un millonario sistema.

Ya entrados en gastos, hay que trabajar para mejorar el sistema de salud actual que no es tan malo como lo pintan e incluso se destaca entre los mejores de América Latina; no se puede comparar con el cubano, venezolano, mexicano o argentino, basados en una sanidad pública proveedora de atención a todos, sin mayor sustento de una sanidad privada para quienes pagan por hacer uso de ella.

Lo mixto o híbrido es el camino, tal como sucede en Colombia, en donde se combinan de diferentes maneras ambos servicios y hay una institucionalidad que vela para que funcione de la mejor manera. En un país que se envejece irremediablemente, en donde la expectativa de vida aumenta, hay unos pilares que reforzar que no existían en 1993, las nuevas tecnologías, la prevención, la universalidad, la cobertura, entre otras cosas, son determinantes para mejorar lo que hay, pero no podemos partir de cambiarlo todo, menos aún de pretender entregar el sistema a funcionarios sin capacidad de gestión.