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En medio del programa de concesiones más ambicioso en la historia de Colombia, la Cuarta Generación de Concesiones (4G), el país está sufriendo las consecuencias de un profundo caso de corrupción en la región. Directivos de Odebrecht confesaron pagar sobornos para la adjudicación de contratos estatales en todo el continente, incluyendo el Contrato de Concesión del Sector II de la Ruta del Sol.
¿Cómo se ha impactado la financiación de infraestructura?
El caso del Sector II de Ruta del Sol representa importantes retos en el estudio de proyectos de infraestructura. En medio de las negociaciones de los documentos de crédito, los financiadores y concesionarios han tenido que analizar temas que no habían sido explorados. Los efectos de la declaratoria de nulidad por objeto ilícito en la aplicación de la fórmula de terminación anticipada del contrato y el ejercicio de los derechos de toma de posesión están siendo revisados, pues podrían afectar algunas de las principales herramientas que tienen los bancos para recuperar sus acreencias.
¿Cómo se mitigan los riesgos identificados?
Los actores involucrados han empezado a desarrollar mecanismos para mitigar y administrar los riesgos: Se han modificado los contratos de concesión para otorgar de manera expresa a los bancos el derecho de toma de posesión si se presentan inhabilidades sobrevivientes; la ANI ha aclarado que, en caso de nulidad de los contratos de concesión, se aplicará la compensación regulada en la Ley 80; los financiadores han creado contratos con un estándar más elevado de cláusulas anticorrupción; el gobierno está impulsando una modificación de la Ley de APPs para aclarar las consecuencias de una potencial nulidad de los contratos y; los bancos están fortaleciendo significativamente los procesos de debida diligencia y de evaluación de riesgos de cumplimiento.
¿A cuál frente de acción cree que debe dedicársele más atención?
Todas las iniciativas son clave para contar con un esquema más robusto que garantice los derechos de los bancos. Es fundamental hacer seguimiento a las discusiones en el Congreso sobre las modificaciones a la Ley de APPs. Asegurar que, incluso en escenarios extremos, se compense la inversión no amortizada del concesionario que garantice el pago de la deuda a los bancos, no solo es razonable, sino que viabiliza la financiación de los proyectos de infraestructura que requiere el país. Otro aspecto clave será el desarrollo de las nuevas cláusulas anticorrupción de los créditos. El ideal es contar con disposiciones que no solo mitiguen el riesgo reputacional de los bancos, sino que protejan, en la medida de lo posible, el buen desarrollo del proyecto.
¿Dónde entra la práctica de compliance?
Compliance suele tener énfasis en prevención de riesgos operativos y del riesgo de corrupción, entre otros. Por esto, es clave fortalecer los procesos de debida diligencia legal, de evaluación de riesgo de cumplimiento y reputacionales y de cultura corporativa y programas de entrenamiento. La situación actual ha demostrado que aliarse con empresas que puedan resultar cuestionadas por actos de corrupción, no sólo castiga la rentabilidad del proyecto, sino que genera grandes pérdidas de valor en el mercado para las compañías y un riesgo reputacional difícil de cuantificar.
