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También han arreciado las voladuras de oleoductos por parte del ELN, perdiéndose cerca de 893.000 barriles y con grave lucro cesante para Ecopetrol e irreparable daño ecológico. Seguramente la “lectura” de los hechos por parte de los votantes del NO es que todo esto “denota el fracaso del proceso de paz” (una visión algo fundamentalista), mientras que los del SÍ podrían responder (de forma algo simplista) que esto ya estaba descontado, pues disidencias siempre existirán. Analicemos con mayor detenimiento tres aristas del actual “desorden público”: los paros, la expansión del narcotráfico y las implicaciones del posconflicto.
Los paros y la expansión del narcotráfico. Los paros habían sido recurrentes, con particular vehemencia durante 2008-2013, y cubriendo sectores beligerantes y con gran capacidad de perturbación, incluyendo los sectores de transporte, educación y área judicial. Después de haber aprendido de forma muy costosa que el Estado no se puede dejar extorsionar a través de premiar dichos paros con reajustes salariales (ver Comentario Económico del Día 21 de enero de 2014), estos paros han migrado hacia delicadas zonas de expansión del narcotráfico, reviviendo lo ocurrido durante 1995-1997. Las zonas de Nariño, Cauca, el Catatumbo y Chocó son verdaderos focos de descomposición social (ver cuadro adjunto), sin presencia Estatal permanente que disuada a los narcotraficantes del control de la zona. En los focos de Tumaco, Buenaventura y la frontera con Venezuela se vive la expansión del narcotráfico, que, como es bien sabido por el Departamento de Estado, ha llevado a triplicar las zonas de cultivo durante 2012-2017 hasta alcanzar cerca de 200.000 hectáreas (pico histórico). Baste leer los relatos de Alfredo Molano (2017, “De Río en Río”) sobre la deforestación histórica de Tumaco (hoy con el problema más serio de orden público).
En el Pacífico colombiano acabaron con el cacao que crecía de forma natural, para posteriormente dar lugar a la palma y, finalmente, a la coca a manos de las rutas establecidas desde el Pacífico hacia Estados Unidos y Asia, bajo la “gerencia conjunta” de Farc y paramilitarismo. Este problema, no nos engañemos, se ha exacerbado durante 2014-2017, supuestamente en la fase del “posconflicto”, y la minería ilegal hace el doble de daño: al medio ambiente y acaba con la minería artesanal de sobrevivencia.
El posconflicto. Los hechos denotan procesos complejos durante el posconflicto, especialmente por el resurgimiento de los cultivos ilícitos y del narcotráfico, en medio de una marcada desaceleración económica (ahora con un PIB-real creciendo a ritmos de solo 1,5%-2% anual vs. históricos de 4,5% durante 2010-2014 y con un desempleo abierto a ritmos del 11% a nivel urbano y del 9,2% a nivel nacional).
Ya han pasado unos 6 meses desde que Anif evaluara los “dividendos, aceleración del PIB-real y los requerimientos presupuestales del posconflicto” (ver http://anif.co/sites/default/files/investigaciones/anif-fasecolda-paz1016.pdf). Como la mayoría de nuestros pronósticos se hicieron a 2-3 años (mediano plazo) o a 5-10 años (largo plazo), hoy luce algo prematuro evaluar lo allí dicho. Sin embargo, vale la pena recordarlo:
1. Dividendos de paz esperados por Anif: Cero, Zero… Nada, dada la escalada del narcotráfico (que era previsible y fue lo que denominamos el “efecto avispero”), pues NO existe ningún margen para pensar en reducir las partidas presupuestales asignadas a la Fuerza Pública.
2. Crecimiento potencial de Colombia: solo a la vuelta de 5 años podremos ver si se acelera en el rango 0,5%-1% por año. Infortunadamente, por el momento se cumple nuestro pronóstico de caída del potencial del 4,5% de 2010-2014 hacia 3% durante 2015-2020, o sea que en este frente tampoco se ve un resultado positivo en el corto plazo.
3. Exigencias Presupuestales del posconflicto: En este frente la verdad es que estamos algo más pesimistas que 6 meses atrás, pues aspirábamos a que la Tributaria Estructural (Ley 1819 de 2016) dejara recaudos adicionales de 2% del PIB por año y solo se ha logrado cerca de 0,6% del PIB por año. En el futuro cercano, la Comisión de Expertos en Gasto Público (convocada a instancias de dicha Ley) tiene el gran desafío de trazar los lineamientos que deberá seguir el nuevo gobierno de 2018-2022 para evitar que Colombia pierda su grado de inversión debido al desborde presupuestal que viene arrojando déficits primarios recurrentes, donde la relación Deuda Pública/PIB pronto desbordará el 60%. Si bien el FMI y algunas calificadoras le han dado el beneficio de la duda al manejo fiscal del momento, la verdad es que la Regla Fiscal no está proveyendo el “anclaje” requerido y esta también deberá repensarse (… antes de que allá afuera también se percaten de lo que aquí está ocurriendo).
