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El período 1948-1950. El cuadro adjunto indica que las “gue-rrillas liberales” desmovilizaron cerca de 6.000 combatientes (prácticamente 100% de los insurgentes de la época), tras la cuasi guerra civil provocada por el asesinato del candidato presidencial Jorge E. Gaitán. Colombia era, hasta ese momento, un país que había disfrutado de relativa tranquilidad, después del convulsionado período de la “Guerra de los Mil Días” (1899-1902).
No termina de convencernos la hipótesis de los “institucionalistas” de que una pervertida élite Bogotano-Medallo-Caleña ha logrado, por cerca de dos siglos, mantener en la marginalidad económica y política a la inmensa mayoría de los colombianos. Si bien existe un persistente y alto coeficiente GINI (mostrando alta desigualdad social), también es cierto que se ha dado una importante expansión de la clase media (pasando de 18% a 30% de la población) durante la última década y donde la pobreza monetaria se redujo de 45% hacia 28%.
El período 1962-1982. En materia de desmovilizaciones, el siguiente experimento de Colombia tuvo que ver con la forma de contener el auge de la guerrilla Castrista del ELN, donde la Administración Betancur (1982-1986) sembró la idea de procesos de paz, pero sin éxitos en materia de desmovilizados. Recordemos que el apoyo de Alianza para el Progreso de Kennedy y la estrategia de tierra arrasada del presidente Valencia (1962-1968) resultaron infructuosas para contener la expansión guerrillera. Entre tanto, se fortificaron el ELN (con extorsión exitosa al sector petrolero y el secuestro), las Farc y los paramilitares incursionando en el narcotráfico y aplicando el desplazamiento forzoso de la población mejor ubicada en terrenos fértiles del Magdalena Medio y de Urabá.
El período 1986-1994. Le correspondió ya a las Administraciones de Barco (1986-1990) y de Gaviria (1990-1994) concretar las “amnistías guerrilleras”, con la esperanza de frenar también en paralelo la expansión del narcotráfico. Este último se había logrado gracias a la “acumulación originaria” a través del contrabando del Marlboro, del whisky y de las neveras que transitaban sin problema por Maicao y en aviones desde la isla-paraíso de San Andrés, con sucursales en los San Andresitos de Bogotá. Todo esto en connivencia con los políticos que agradecían los nombramientos de las seccionales correspondientes de la Dian (del momento). Las desmovilizaciones de 1991-1992 cobijaron a unos 3.250 guerrilleros, tan solo 22% de las fuerzas alzadas en armas (incluyendo paramilitares), en momentos en que la tasa de homicidios estaba al tope histórico de casi 80 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
El período 2003-2006. El país impulsó la desmovilización de importantes contingentes de paramilitares bajo Uribe I (2002-2006), llegando a registrarse la cifra de 52.400 narco-combatientes que entregaron fusiles y quedaron inscritos con huella dactilar en el proceso de la Ley 975 de 2005. En aquella época, la violencia del narcotráfico provenía del Norte del Valle, de los “Señores de la Guerra” (Don Diego y Jabón), y fueron ellos los que lograron organizar su propio ejército (Bloque Calima) y presentarse como si fueran paramilitares pura sangre con el fin de aspirar a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz de 2005.
Para ese entonces Colombia todavía experimentaba una horrible tasa de homicidios de 40 por cada 100.000 habitantes, tan solo equiparable a lo que ocurría en Centroamérica (antes de su posconflicto). Con posterioridad a ello, los homicidios en Centroamérica escalaron a tasas de 60 por cada 100.000 habitantes en Guatemala y 120 en El Salvador (peores que las observadas durante la guerra civil de los años ochenta).
El período 2016-2017. Por último, tenemos el “experimento actual” referido a la desmovilización de 6.500 combatientes de las Farc, quienes representan cerca de 40% de los combatientes organizados (incluyendo a las fuerzas paramilitares). Nótese que esta desmovilización del Acuerdo de Paz de la Habana en realidad es de menor envergadura que la experimentada durante 2003-2006, aunque el conflicto muestra desescalamientos importantes con tasas de homicidios de “tan solo” 17 asesinatos (por cada 100.000 habitantes), la más baja de los últimos 30 años.
Sin embargo, el resurgimiento del narcotráfico (según lo arriba detallado), es un elemento que pone a los ciudadanos de bien a preguntarse: ¿por qué en esta ocasión 2016-2017 habría de tener éxito definitivo la desmovilización de la delincuencia organizada, si los incentivos del narcotráfico siguen tan fuertes como en los últimos 30 años? ¿Por qué el Estado continúa mostrándose incapaz de imponer su fuerza en zonas tan cruciales como Nariño (especialmente Tumaco), Cauca, Valle (especialmente Buenaventura) y toda la zona del Catatumbo en la frontera con Venezuela? ¿Por qué esta vez habría de ser diferente respecto de lo ocurrido en los últimos 50 años?
