Colombia en la mira de Pegasus: ¿Quién nos vigila?

Hace una semana, en el punto más crítico del paro de transportadores, el presidente Gustavo Petro anunció una alocución presidencial. Todos esperaban que se dirigiera al tema central: el paro. Sin embargo, sorprendió al denunciar un escándalo digno de una serie de Netflix. Espionaje e interceptaciones ilegales, que vuelven a ser noticia en Colombia. El software Pegasus, conocido por espiar a figuras como los líderes del independentismo catalán, el presidente español Pedro Sánchez y hasta Jeff Bezos, tiene nuevas víctimas: la oposición colombiana y un grupo de periodistas durante el Paro Nacional de 2021, según Petro.

Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, es vendido como una herramienta para combatir el terrorismo y el crimen organizado. Pero detrás de esa fachada, se oculta un sistema de vigilancia tan sofisticado que puede infiltrarse en cualquier dispositivo sin dejar rastro. Aunque se promociona como una herramienta de seguridad, Pegasus ha sido utilizado en más de 45 países no solo por gobiernos autoritarios, sino también por grupos terroristas, para controlar y reprimir políticamente.

El historial de Pegasus es oscuro: en 2016 fue usado contra el activista de derechos humanos Ahmed Mansoor, en 2018 para espiar a periodistas que investigaban al presidente mexicano, y en El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele lo utilizó para espiar a 31 periodistas y miembros de organizaciones civiles. Según una investigación de Access Now y Citizen Lab, el medio más afectado fue El Faro, con Pegasus infiltrado en los teléfonos de 22 empleados entre 2020 y 2021.

Según el portal y agencia de comunicaciones especializada en derechos humanos “Colombia Informa”, el Ministerio de Defensa afirmó no haber adquirido el software Pegasus. Tras verificar la base de datos de compras estratégicas, administrada por la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), se constató que entre 2020 y la fecha actual no se suscribieron contratos entre el MDN y la empresa israelí NSO Group para la compra de Pegasus. Entonces, ¿quién lo compró? Un verdadero enigma.

Por su parte, NSO Group ha declarado que solo vende sus productos a organismos gubernamentales y que, según su sitio web, “los productos de NSO son utilizados exclusivamente por agencias gubernamentales de inteligencia y aplicación de la ley para combatir la delincuencia y el terrorismo”. Sin embargo, la empresa se desentiende del uso que sus clientes hagan de sus herramientas, y el verdadero problema radica en que ningún gobierno, ni siquiera el de Israel, ha tomado medidas para frenar el uso indiscriminado de esta tecnología.

En Colombia, este escándalo no debería sorprender. Ni los gobiernos anteriores pueden deslindarse, ni el actual, con apenas dos años en el poder, ha estado exento de interceptaciones ilegales, como el caso de Marelbys Meza o las filtraciones de la Ungrd. Incluso hemos sido testigos de interrogatorios al más puro estilo de Guantánamo. En un país donde la regulación sobre cibercrimen estatal es prácticamente inexistente, ¿qué se puede esperar?

Lo más alarmante es que, en lugar de abordar el problema con soluciones concretas, la creación de una Agencia Nacional de Seguridad Digital ha derivado en una lucha de vanidades dentro del Gobierno. El debate no gira en torno a cómo garantizar la protección de los derechos digitales de los ciudadanos, sino en quién se adjudicará los méritos políticos.

Hasta que no se implementen reformas serias y contundentes para regular estas tecnologías, Pegasus y otros programas de espionaje seguirán siendo los instrumentos predilectos de quienes prefieren ejercer el poder desde la sombra, en detrimento de la transparencia y los principios democráticos. En Colombia, lamentablemente, la normalización de este tipo de abusos solo refuerza la sensación de impotencia ciudadana, dejando claro que, más que un escándalo aislado, esto se ha convertido en una práctica común que ya no genera sorpresa, sino resignación.