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Termina 2024 con grandes lecciones, pero también con grandes desafíos que la economía colombiana tendrá que enfrentar durante 2025. Uno de ellos justamente lo representa la importante limitación energética del país derivada de la carencia de gas natural para abastecer la demanda nacional.
Si bien la situación pareciera fácilmente remediable con la importación de gas, el proceso sugiere enormes retos. Es claro que un proceso de licuefacción del gas, transporte y posterior regasificación eleva sustancialmente los costos de producción para toda la cadena energética.
Esta situación se hace más preocupante si se tiene en cuenta que el gas natural en Colombia no solamente es indispensable como fuente energética para la preparación de alimentos y el calentamiento del agua en muchos hogares colombianos, para la industria, así como combustible para el transporte individual y grupal de pasajeros en muchas de nuestras ciudades del país, sino que también es insumo esencial para la red de termoeléctricas que son garantía de confiabilidad del sistema.
De ahí radica una responsabilidad muy importante que le asiste al Gobierno Nacional, no solamente en materia de suministro de tan importante energético para la economía colombiana, sino del buen funcionamiento de cada uno de los eslabones que involucran a ese energético.
Si bien se entiende que la remuneración de abastecimiento de gas natural responde a fluctuaciones de mercado, sorprende, por decirlo menos, que Ecopetrol suministre este gas proveniente de pozos de más de 20 años de operación , a precios significativamente mayores a los que en otras condiciones habría ofrecido.
En otras palabras, en medio de un escenario en el que el déficit de este energético ha sido en parte responsabilidad de este gobierno al enviar señales tan complejas a propósito de la viabilidad de exploración de nuevos yacimientos, demora de licencia para iniciar la extracción de lugares en los que existen reservas importantes de gas, a la par se suministra gas por parte de la empresa más importante del estado a precios por Mbtu con incrementos superiores al 50% y que incluso llegan a superar en algunos casos el 100%, frente a su media histórica, sin que esto responda a un aumento de costos.
Simplemente revisando la situación que pozos como Cusiana, Cupiagua y Cupiagua Sur dan cuenta de esa situación para 2023 y los dos últimos pozos durante 2024. Una situación que claramente no responde a nuevos costos de producción pero que sí expone a toda las cadenas energéticas del país a presiones adicionales al alza. Pareciera que con los importantes incrementos del gas importado fuera más que suficiente como para tener que esperar mayores presiones de alza en precios explicados por decisiones unilaterales en el eslabón inicial del gas natural.
Necesitamos con relativa urgencia como país que las funciones de inspección vigilancia y control existentes se activen a efectos de garantizar que situaciones adversas y contrarias al buen funcionamiento de los mercados no terminen por amplificar la situación que hoy estamos experimentando como país ante esta oferta limitada de un recurso energético tan preciado como el gas natural.
Es preciso evitar a toda costa que en esta cadena se materialicen prácticas que terminen por generar mayores distorsiones que a largo plazo deban pagar los consumidores y que en mediano y largo plazo impacten de forma asimétrica y mucho más notoria a aquellas personas de menores recursos.
Requerimos velar porque los mercados operen en condiciones de eficiencia, y para tal efecto, entre otras muchas cosas, se debe procurar que en situaciones tan desafiantes, el proceso de formación de precios responda a las condiciones de la estructura de costos sin que se materialicen situaciones que pudieran ser calificadas como abusivas por quien pudiere ostentar posición de dominio en el mercado sin distinto a si tal posición es atribuida a una empresa de índole pública o privada. Gran reto como país para 2025.