Necesidad de la Ley de competencias

De nada servirá la aprobación del acto legislativo sobre el Sistema General de Participaciones como reforma constitucional, si perdemos la oportunidad de rediseñar institucionalmente las competencias del Estado como única alternativa para cerrar las brechas regionales en nuestro país.

Sin duda, la Ley de competencias deberá ser un timonazo en la arquitectura de nuestro insuficiente modelo de desarrollo, a pesar que, desde la promulgación de la Constitución de 1991, se otorgó cierta autonomía a los entes territoriales, disipada ante la imposibilidad en el tiempo de una justa asignación de recursos por parte del centralismo que con sus exiguos procedimientos y concentración de poder burocrática hace agua los planes, programas y proyectos de respuestas para las necesidades en el territorio.

Ahora bien, ante semejante oportunidad republicana de cambio en el modelo de Estado, por qué no ir más lejos y materializar la autonomía fiscal de las regiones.

¿Será que tenemos que esperar que solamente la institucionalidad del Estado en el cumplimiento de sus fines esenciales se pueda materializar con decretos de conmoción interior en todo el país, como respuesta estatal a la debacle social de nuestros hermanos del Catatumbo donde el Estado falla y es inexistente por la falta de soluciones a derechos primigenios?

Este es un llamado a un acuerdo nacional para repensar el país desde la sostenibilidad de los entes territoriales, obedeciendo al mandato constitucional a partir de la descentralización de competencias que es la verdadera autonomía, pero conservando el Estado. Si no es así, será más de lo mismo, que en 34 años solo ha arrojado resultados incipientes que nos hacen el país más desigual en América Latina, condiciones que replicarán la situación del Catatumbo más tarde en el Cauca y después en el Choco. Por ello, la importancia de una recategorización a nivel nacional, que no solo tenga en cuenta criterios de población e ingresos corrientes de libre destinación.

Colofón: “Al que más se le da, más se le exige” y es ahí donde los entes de control deben estar vigilantes del correcto manejo de la inversión pública, fortaleciendo mecanismos de denuncia en el territorio y veeduría ciudadana en la rendición de cuentas de los mandatarios regionales.