En la actualidad se necesita que los países promuevan y emprendan acciones que les permitan alcanzar una gestión energética sostenible. Pero se ha demostrado que no hay una única forma, una sola ruta para obtener óptimos resultados, y prueba de ello son los logros de los países con mayor desempeño en esta materia.
A nivel mundial el escalafón está siendo liderado por Suiza, seguido por Noruega y Francia. Pese a que cada uno de ellos ha constituido e implementado estrategias de estructuración energéticas distintas, se dan tres elementos comunes entre ellos: asequibilidad, sostenibilidad ambiental y seguridad.
Resulta curioso que los diez países con mejor desempeño pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) o son países europeos. Sin embargo, Colombia ocupa un lugar destacado entre ellos (#9), según el Global Energy Architecture Performance Index Report 2015, realizado por Accenture y el Foro Económico Mundial, WEF por sus siglas en inglés.
Con la caída de los commodities, la incertidumbre y volatilidad geopolítica, económica y social que continuará impactando los sistemas de energía alrededor del mundo, en especial a las economías emergentes, se hace un llamado a los gobernantes a direccionar sus criterios en la estructuración de reformas energéticas en función de los tres principios anteriormente mencionados. En la medida que exista un balance, los países podrán garantizar modelos energéticos eficaces.
Para realizar una reforma energética exitosa es necesario contar con estructuras reguladoras y de gobierno apropiadas, las cuales necesariamente deben ser flexibles para poder dar respuestas rápidas y acordes a las cambiantes condiciones que afectan las realidades económicas de los países. En ésta medida los gobiernos serán más eficientes y competitivos. En ese sentido, la solidez de las instituciones es lo que dará continuidad a las mismas, independientemente de los cambios de gobierno que se presenten.
Los países que quieran llegar a lograr una sostenibilidad energética, deberán regirse y aplicar cinco claves del buen gobierno, todo en pro del éxito energético: 1) claridad de objetivos, funciones y responsabilidades; 2) desarrollo sostenible en beneficio de las generaciones futuras; 3) institucionalidad para llevar a cabo el papel asignado; 4) responsabilidad en la toma de decisiones y en el rendimiento de las decisiones adoptadas; 5) la transparencia y la precisión de la información. Ante este desafío, no se puede dejar de lado, es decir, permitir que la inversión extranjera trabaje con certezas sobre la seguridad jurídica, con la finalidad de atraer capitales de inversión para construir sistemas de energía más eficientes. En el escenario colombiano, los incentivos que se han venido dando a la industria petrolera, en cuanto a la modificación del régimen fiscal, han aumentado el flujo de inversión directa en el país.
En el escenario local, es evidente que se han obtenido grandes avances, por ejemplo, la expedición del Decreto 1760 de 2003 llevó a incrementar en un 50% la firma de contratos petroleros, lo que significó un aumento de ocho veces las áreas de exploración, provocando un incremento de la producción de 61% entre 2009 y 2012. En materia regulatoria también fue un gran acierto la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en 2003 como entidad reguladora independiente dedicada al manejo de las actividades propias de la exploración y producción.
Por último, es fundamental dominar el compromiso público, el impacto de la energía y su contribución a la economía generarán espacios de discusión y negociación entre los diferentes actores y grupos de interés del panorama nacional e internacional, lo que significará un compromiso de las partes en el desarrollo de sinergias para garantizar reformas energéticas de alto impacto. El compromiso que deberán asumir los países en procura del cumplimiento de los requisitos medioambientales representa desafíos comunes y no menores, que requerirán de voluntad política y una gestión adecuada de los mismos y las empresas tanto en tiempos de respuesta como en la interpretación de las normas.
