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Entre las empresas que más venden en el país existen varios programas de contratación enfocados en apoyar a personas en situación de discapacidad
La situación de las personas con alguna discapacidad (PcD) en Colombia ha llamado la atención en materia de políticas públicas en los últimos años. En 2017 una sentencia de la Corte Constitucional ordenó medidas para prevenir la discriminación en el país, por lo tanto el órgano judicial se refirió a la necesidad de modificar el lenguaje para evitar expresiones que subestimen las aptitudes y talentos de esta población.
A raíz de este punto, varias entidades empezaron a adoptar medidas que impulsaran la vinculación laboral de quienes no estaban siendo tenidos en cuenta y crear un sistema estatal de capacitación y adaptación para el personal laboral e instalaciones de infraestructura que hasta ahora se imponían como barrera para el acceso y participación.
“La normatividad es suficiente para dar una justicia equitativa. El reto es llegar a una verdadera justicia social de inclusión y equiparación de oportunidades”
“La inclusión laboral de personas con discapacidad aporta a la diversidad, mejora procesos de comunicación y aporta a las acciones de RSE de una empresa”
Para tal efecto, el Presidente Iván Duque designó en septiembre de 2018 al Consejero Presidencial para la Discapacidad, Jairo Clopatofsky, que desde ahí se ha propuesto desarrollar acciones para vincular laboralmente a más de 16.000 personas en situación de discapacidad y formarlas en carreras técnicas y tecnológicas que ofrezcan valor al mercado laboral actual; esto con el fin de que tengan más capacidades de las que está pidiendo el mercado empresarial.
Además, el Ministerio de Trabajo expidió un compendio que brinda herramientas para los procesos de selección, formación y contratación y definió el concepto de ‘barrera’ con el propósito de encontrar las causas que no permite el desarrollo de ambientes y sociedades más inclusivas; argumentando como barrera cualquier tipo de obstáculo que delimite el ejercicio de derechos de las personas.
Entre lo que se halló están hasta el momento las deficiencias que se presentan en el nivel educativo y el desconocimiento de procedimientos correctos para la inclusión. En este punto, según el último informe de la Alta Consejería a pesar de que en el país hay un nivel de escolaridad de 82% para las personas en situación de discapacidad de 5 a 17 años, la educación superior hay un panorama difícil porque entre las personas de 18 a 23 años solo 38% tiene asistencia educativa.
Para el objetivo estatal, las barreras que se encuentran en el acceso a la educación son significativas cuando se trata del sistema de contratación público. Por ejemplo, del total de personas en situación de discapacidad que trabajan en el Estado, el 32% es contratado como profesional y solo el 3% es directivo. Lo cual demuestra que el gran reto es mejorar la cobertura y capacitación en educación.
Mientras tanto, en el sector privado algunas corporaciones se han asociado con la organización internacional Best Buddies, entidad que busca, entre otras cosas, vincular a personas con discapacidad intelectual en las empresas de distintos sectores.
Entre los avances está que Avianca ha vinculado a seis personas en ese propósito y firmó el pacto por la inclusión propuesto por el Gobierno. De igual forma, Claro ha incluido al mismo número de personas en convenio con Best Buddies y ha adelantado programas de inclusión en los auxiliares de servicio al cliente desde 2014 para garantizar la permanencia laboral de las personas con discapacidad cognitiva. Por su parte, Terpel trabaja con cinco colaboradores en distintas regionales y considera que dicha posibilidad aumenta la empatía del equipo y los compromete a eliminar barreras de acceso.
Grupo Argos, por su parte, ha vinculado a cinco profesionales que les permiten promover la diversidad y materializar el principio de igualdad de oportunidades, mientras que el Grupo Nutresa ha designado a más de 41 personas en cargos en El Corral, seis colaboradores en Doria, cuatro en Operar y el mismo número en Meals.
Alkosto, Homecenter y Juan Valdez expusieron el número de puestos que ocupan a partir del convenio anteriormente mencionado y en el 2017 el Ministerio de Trabajo los escogió como ejemplos positivos de inclusión en el informe para empresarios.
Ecopetrol, la empresas más grande del país, es a la vez la que cuenta con el mayor número de personas en situación de discapacidad vinculadas con 609; que significan 6% de los trabajadores directos de la entidad. La empresa aseguró que el proyecto es un mecanismo para favorecer condiciones laborales equitativas y no está vinculado a Best Buddies.
Por otra parte, ISA ha vinculado a 53 personas y aseguró que su bienestar está ligado a todos, por eso esta apuesta les permite avanzar en su liderazgo, mientras que en el mismo sector a EPM ingresaron 20 personas nuevas. La empresa explicó que la idea es que “el proceso de selección sea equitativo para que más adelante puedan ingresar 30 empleados más”.
Los distintos tipos de discapacidad en las personas también son relevantes para conocer el estado actual del empleo, ya que puede presentarse discapacidad física, que restringe la movilidad; mental o psicosocial, que afecta el funcionamiento personal; intelectual, que afecta la conducta adaptativa; sensorial, que implica restricciones visuales o auditivas, y múltiple, que significaría presentar más de una de las mencionadas.
Acá, el Gobierno ha analizado que en el sector privado la mayor contratación se da a personas con una discapacidad intelectual, mientras que la contratación en el sector público se da en discapacidades visuales y físicas.
Finalmente, si la meta es lograr ambientes laborales inclusivos, las dificultades para comprender a los familiares de las personas podrían ocasionar en un futuro más barreras, por lo que se recomienda incluir el análisis de este punto.
