La pandemia no solo agravó varios de los problemas que ya tenía la población colombiana en cuanto a ingresos y oportunidades de empleo, sino también los de la población migrante. Sin embargo, es importante que se visibilice que estos últimos, gracias al tamaño de su fuerza laboral, y lo que esta podría representar para la economía nacional, son de suma importancia para la recuperación de las regiones y el país.
Por esa razón, hay varios programas impulsados desde el sector privado que no solo tienen como objetivo ayudar a integrar al alto número de personas que hoy están desempleadas o en la informalidad, sino que también mejoran los índices de confianza que los trabajadores y las comunidades tienen en las compañías.
Hay varios ejemplos desde el sector privado en los que las compañías han logrado apoyar a los migrantes para que superen la falta de documentación y la dificultad para convalidar títulos, dos de los puntos que han dificultado las posibilidades para que miles de venezolanos que han llegado al país se puedan vincular formalmente a un empleo; una situación que afecta a 55% de los más de 1,7 millones de venezolanos que hay en Colombia, los cuales están trabajando de forma irregular, según un informe del Ministerio de Trabajo a diciembre de 2020.
La idea de las empresas es apoyar a bajar los índices de informalidad y de pobreza, que en el caso de la población migrante han crecido en el último año, cuando han visto que sus ingresos ni siquiera son suficientes para sus gastos básicos. Esto podría impulsar cifras también para la economía colombiana, ya que según el estudio de la firma Radar, ‘Migrantes, los beneficios de la migración’, entre enero y julio de este año la población migrante aportó $16,6 billones a diferentes sectores productivos.
Según el documento, “este impacto económico, que podría ser mucho mayor, todavía queda limitado ante las realidades que viven los migrantes”. Por ejemplo, el estudio de Raddar muestra que 78,9% de los venezolanos gana menos de $900.000, cifra que se vuelve crítica en el caso de las mujeres, quienes en promedio ganan $400.000 o, en otras palabras, ni siquiera la mitad del salario mínimo colombiano.
“Será importante que el sector privado colombiano sea equitativo, otorgando al mismo trabajo frente a la misma responsabilidad el mismo pago indistintamente del origen o nacionalidad que tenga la persona”, aseguró el decano de la facultad de Ciencias Sociales y Administrativas de la Fundación Universitaria San Martín, Héctor Antonio Gutiérrez.
Casos de éxito
Con este panorama en mente, varias empresas han resaltado como caso de éxito al apoyar la integración económica de la población migrante y facilitar su adaptación a territorio nacional. Asimismo, desde el sector privado se han lanzado programas para la activación laboral de población vulnerable colombiana.
Por ejemplo, la empresa de telecomunicaciones Claro, a través de su programa de sostenibilidad Claro por Colombia, ha promovido una ruta de inclusión para que colombianos (jóvenes, mujeres cabeza de hogar y víctimas del conflicto) y migrantes, retornados y binacionales en situación de vulnerabilidad reciban apoyo de sus empresas aliadas y terceros.
En 2020, en medio de la contingencia, Claro ajustó sus procesos de selección a modalidad virtual, abriendo así nuevas oportunidades laborales. En los últimos dos años la empresa indicó que formó a más de 293 personas de población vulnerable, 265 de ellas con colocación efectiva. De ese grupo, 132 continúan vinculados laboralmente, alcanzando una permanencia laboral de 50%, logrando así apalancar más de $435 millones en recursos para la ejecución del programa Claro por Colombia, que apoya la incorporación de población vulnerable en la empresa[Ui2]
“Le hemos apuntado a la inclusión social y laboral de personas en condición de vulnerabilidad con altas barreras de acceso al mercado laboral formal”, indicó la gerente de Claro por Colombia, María Consuelo Castro.
Para la directiva, es fundamental que las empresas cuenten con estrategias que permitan cerrar las brechas para el acceso al mercado laboral formal, acompañando a las personas en situación de vulnerabilidad para que superen dicha condición.
Otro ejemplo, el de la empresa química Basf, que desde hace tres años partió de una encuesta realizada durante la semana de la Diversidad, creada y celebrada internamente, en la que vieron oportunidades para generar conciencia frente a la diversidad cultural.
Desde ahí crearon al programa Diversidad Étnica y Cultural, compuesto por la unión de migrantes y colombianos, donde promueven la aceptación y respeto de las diferencias culturales. Y especialmente, en los últimos dos años, la compañía ha trabajado con las comunidades provenientes de otros países, principalmente de la población venezolana, teniendo en cuenta los sesgos sociales que existen hoy en día.
La compañía abre espacios con personas externas e internas de la empresa para crear conversatorios en temas culturales, gastronómicos, e historias de vida y así generar mayor empatía, cercanía y conciencia de la igualdad.
Vínculos laborales estables
Según los expertos, estos ejemplos son vitales para otras empresas, ya que no es solo conseguir empleo, sino que éste sea estable y duradero. Por ejemplo, argumentan que las empresas deben procurar garantizar vínculos laborales con duración de al menos un año, lo que será clave para combatir “el desánimo colectivo” y crear confianza en los empresarios, que tienen índices bajos de confianza con sus trabajadores y las comunidades. Según el Barómetro de Reconciliación del Programa de Alianzas para la Reconciliación (PAR) de USAID y ACDI/VOCA solo 13% de los encuestados confía en los empresarios del país.
“En los proyectos a nivel regional donde la FIP ha podido medir los niveles de confianza, se evidencia que el sector empresarial es en el que menos confían las comunidades y autoridades locales. La confianza en las empresas, por ejemplo, tiende a ser entre 5 y 10 puntos porcentuales menos que la confianza en las comunidades”, explica el estudio Liderazgo empresarial en tiempos de crisis.
Nuevos sectores involucrados
Para el investigador y vocero del Observatorio Venezuela de la Universidad del Rosario, Ronal Rodríguez, será clave que las empresas colombianas puedan vincular laboralmente a esa fuerza laboral “considerable”, como es la venezolana, pues eso ayudará al país a excluirlos de los círculos económicos informales e -incluso- de la ilegalidad.
“Si Colombia utiliza e integra a esta mano de obra venezolana puede convertirla en un motor importante de desarrollo para el Estado y las empresas nacionales. Si por el contrario se niega a hacerlo, puede suceder todo lo contrario: que la mano de obra venezolana termine sirviendo para grupos criminales o actores informales, lo que significa un reto muy grande en un país con una informalidad tan alta y un posconflicto como el nuestro”, dijo.
Para Rodríguez, una muy buena posibilidad para impulsar el crecimiento económico regional del país es vincular a la mano de obra venezolana a las actividades agrarias, teniendo en cuenta que la mayor parte de esta población migrante se encuentra instalada en las grandes ciudades: Bogotá (333.680), Cúcuta (100.220), Barranquilla (94.719), Medellín (88.106) y Cali (59.148), por lo que brindarles oportunidades en el campo podría descongestionar la informalidad en estas capitales.
“Hay que tener en cuenta que es una población acostumbrada a la vida urbana, pero que puede ser capacitada y obtener experticia en el sector agrícola, que en Colombia cada vez tiene menos mano de obra, lo cual potenciará también la economía regional”, agregó.
