De acuerdo con la más reciente actualización del Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (Rlcpd) del Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud), a 31 de diciembre de 2019, cerca de 1,2 millones de colombianos presentó alguna discapacidad, de ellos más de 13% corresponden a personas ciegas o con baja visión, la mayoría fueron adultos mayores (39%), casi todos ubicados en Bogotá (18,5%), Antioquia (13,8%), Huila (5%), Santander (4,7%) y Cali (4,2%), y el origen más frecuente de su condición fue la enfermedad general (40,1%) y los accidentes (16,7%).
De entrada, estamos hablando de un número considerable de colombianos que, independientemente de su condición, tienen el potencial para aportar al sector productivo y, a su vez, contribuir con la reactivación de la economía nacional en un momento de la historia de este país en el que más se requiere no solo de sentido de pertenencia, empatía y diálogo, sino también de unidad, que cada sector y estamento de la sociedad se vincule y articule al interés superior de estabilizar a la nación y revertir el impacto negativo a nivel social, político, laboral, económico e incluso cultural por cuenta de los confinamientos y la contingencia sanitaria del covid-19 que aún hace estragos.
En esa medida, la respuesta a la pregunta de esta columna es un sí pero, infortunadamente, la población en condición de discapacidad es una fuerza laboral desaprovechada y esto sucede, básicamente, por dos razones: una interpretación errónea y excluyente del marco normativo que protege a estas personas, específicamente la Ley 361 de 1997, la cual se refiere a la no discriminación de las personas con discapacidad en el ámbito laboral, y el desconocimiento de ese potencial que mencionaba anteriormente tienen los ciegos y las personas con baja visión.
Frente a lo primero, muchas empresas aún creen que contratar a una persona en condición de discapacidad y, especialmente a alguien con limitaciones visuales, se traduce en tener un pasivo en la compañía cuando lo cierto es que el trabajador con discapacidad tiene los mismos derechos y deberes que cualquier otro trabajador, por lo que cuando éste deba ser despedido, considerando alguna de las causales establecidas como justas en la ley, no se requerirá de autorización por parte del Ministerio del Trabajo para hacerlo.
Pensar en la población con discapacidad visual como una fuente de aporte a la cadena valor de las industrias y sectores productivos no solo se traduce en la apertura de nuevos mercados y mejora en el clima laboral, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). También ofrece beneficios tributarios a empresas como: deducción de la renta 200% del valor del salario y prestaciones pagado a sus trabajadores con discapacidad, tasas arancelarias especiales para maquinaria y equipo que los empleadores requieran para ser manejados por sus empleados con discapacidad, prelación en el otorgamiento de créditos y subvenciones estatales, ser preferidos en igualdad de condiciones, en los procesos públicos y privados de licitación, adjudicación y celebración de contratos, siempre que con certificación de la oficina de trabajo acrediten que por lo menos 10% de su nómina corresponde a personas con discapacidad, entre otras garantías.
Es trascendental que las empresas y los empleadores perciban la contratación de personas con discapacidad como una oportunidad de crecimiento y apertura hacia una cultura empresarial incluyente y no como un problema, más aún en el contexto de reactivación en el que nos encontramos.
Ahora bien, en cuanto a reconocer el potencial de las personas en condición de discapacidad para aportar productivamente hablando, desde luego requiere de una cuota de empatía pero, principalmente, de estar informado, dado que cuando estas personas superan con éxito un proceso de rehabilitación funcional y de inclusión social, están en plena capacidad de ser productivos y representan un recurso valioso para la sociedad.
Justamente, desde el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos (Crac) hemos abanderado, por casi 60 años, la inclusión de las personas ciegas y con baja visión del país en todos los ámbitos, incluyendo el laboral, a través de procesos de rehabilitación integral enfocados en el logro de independencia y autonomía para que la persona en condición de discapacidad visual retome su rol en la sociedad de manera productiva y exitosa. Nuestro modelo de rehabilitación integral está reconocido en Latinoamérica y validado con representantes de Chile, Uruguay y Cuba ante la Unión Latinoamericana de Ciegos (Ulac), integra cinco componentes: psicosocial y médico, físico, actividades de la vida diaria, comunicación, y desarrollo senso perceptivo, cognitivo y manual que se enfocan en lograr la rehabilitación funcional de la persona con discapacidad visual.
Sin duda alguna, si los sectores productivos e industrias en Colombia logran comprender e interiorizar el valor de un marco normativo tan incluyente, como el de este país, para promover la inclusión en todo sentido de la población en condición de discapacidad, tangibilizan, de forma consistente, y promueven esa cuota de empatía y se mantienen informadas y articuladas con entidades especializadas en materia de salud y rehabilitación, como nosotros, sobre las oportunidades frente a la discapacidad, avanzaremos rápidamente por esa senda de reactivación que anhelamos y nos mueve las más profundas fibras del corazón a todos los colombianos.
