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La cifra prevista se corresponde con el porcentaje de 41% del grupo español en el consorcio Gupc y el último peritaje realizado por la firma DLF Associates el pasado mes de febrero. Según el experto, el contratista del tercer juego de esclusas podría recuperar hasta US$1.953 millones, 49% del total de reclamaciones presentadas hasta diciembre de 2016, que ascienden a US$3.953 millones. El consorcio ya ha cobrado sobrecostos por US$337 millones, por lo que le restaría por cobrar, si los cálculos del perito no fallan, otros US$1.616 millones, de los cuales a Sacyr le corresponde 41%.
Estas son las estimaciones que aparecen en la memoria económica de Sacyr de 2016. La compañía y sus socios entregaron la obra a las autoridades panameñas en junio de 2016 y, desde esa fecha, la tensión entre las partes se mantiene. Por un lado, la Autoridad del Canal reclama la devolución de los anticipos realizados al Gupc por valor de US$868 millones, mientras que el consorcio liderado por Sacyr reclama que se acelere la resolución de discrepancias en el Dispute Adjudication Board (DAB), momento en el que la resolución ya es ejecutiva.
En su informe financiero, Sacyr reconoce que la resolución de diferencias es extremadamente lenta, por lo que ha solicitado a la Cámara de Comercio Internacional, con sede en Miami, que se haga cargo de todas las reclamaciones y se elimine ese paso intermedio. "El objetivo es agrupar la totalidad de las reclamaciones", indicó la empresa española.
Entre las principales diferencias destacan los sobrecostos en las compuertas por valor de US$355 millones o una reclamación de casi US$1.600 millones por varias incidencias en el proceso de construcción.
Garantías
Según la última información disponible, Sacyr tiene depositadas garantías y avales en esta obra por valor de US$563,48 millones. Al comienzo de este año, Sacyr y sus socios (Impregilo, Jan de Nul y Cusa) tenían dificultades para renovar las garantías corporativas sobre los anticipos porque una parte de la banca local rechazaba seguir participando en el proyecto. En concreto, Banistmo y Scotia no querían renovar el fronting de las garantías (aseguramiento de garantías en el exterior) por valor de US$318,95 millones, presionados por la Autoridad del Canal de Panamá, su mayor cliente en el país.
La Autoridad del Canal ha acudido este año a la Alta Corte de Londres para reclamar US$300 millones por la no renovación de las garantías corporativas. Sacyr y sus socios han pedido a la Corte de Arbitraje de Miami que adopte medidas cautelares contra la ofensiva de ACP.
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