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A través del Informe Motivado, de 344 páginas, al que tuvo acceso LR y que presentó el viernes el superintendente delegado para la protección a la competencia, Germán Enrique Bacca, se recomienda sancionar a 12 ingenios y tres gremios y 16 funcionarios y exfuncionarios de compañías azucareras por infracciones a la libre competencia. (Vea todos los detalles de la investigación del cartel del azúcar)
La mira está puesta en los gremios y sus líderes: Asocaña, Luis Fernando Londoño; Ciamsa, Clemente Carlos Mira, y Dicsa, Luis Augusto Jaramillo Palacios; en empresas y sus presidentes, gerentes o representantes legales, como Riopaila, Manuelita, Mayagüez, Incauca.
Los acuerdos no solo tenían que ver con precios sino con unas entramadas estrategias para distribuir clientes e impedir importaciones de Bolivia siendo obstáculo para que terceros ingresaran a mercados o canales de comercialización. Una práctica que se volvió parte de su ADN desde 1998.
En cambio se aconseja archivar los procesos por actuaciones que tuvieran por “objeto o tengan como efecto la asignación de cuotas de producción o de suministro” de los ingenios y Asocaña, así como los procesos contra Luis Augusto Jaramillo Palacio y Djalma Teixeira de Lima Filho.
La última palabra la tendrá el superintendente Pablo Felipe Robledo quien deberá decidir si sanciona o exonera a los investigados. Las multas por infringir la libre competencia pueden llegar hasta $63.000 millones para personas jurídicas y $1.300 millones para personas naturales. Pero el panorama no se ve nada alentador para los que están bajo la lupa de la SIC.
“En este como en todas las investigaciones hay que respetar el debido proceso, y en este caso no hay excepción, procede el recurso de reposición y de apelación”, dijo José Miguel de la Calle, exsuperintendente de Industria y Comercio.
De hecho las buenas relaciones entre la industria azucarera, que traspasaron los límites de lo legal, se pudieron demostrar a través de bitácoras de espacios como las reuniones entre las empresas pertenecientes a Asocaña, a CI Azúcares y Mieles (Ciamsa), y Desarrollos Industriales y Comerciales SA (Dicsa).
También a las llamadas ‘reuniones de gerentes y presidentes’ donde se acordaban estrategias conforme a la información confidencial entregada a Asocaña con la excusa de la existencia del Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar (Fepa).
“…los ingenios en el contrato exportarán en 1998, 44% de su producción, se propone que los ingenios que hasta ahora han estado por fuera del contrato exporten en 1999 10% de su producción (…) el porcentaje máximo de exportación para los nuevos miembros será de 22%, que equivale al porcentaje de exportación que tendrá el sector en 10 años [a] partir del décimo año, participarán en el mecanismo en las mismas condiciones establecidas para el resto de ingenios, con un máximo de exportaciones de 22%”, dijo Ricardo Villaveces el 27 de enero de 1999, quién ejercía como presidente de Asocaña y le comunicaba a Carmelita la estrategia conjunta de exportación.
Lo que tiene como agravante esta situación, señala el documento, es que se adoptaban decisiones de manera conjunta que debían ser autónomas y cuando esto no sucede se constituye una práctica “idónea para limitar la libre competencia que contextualiza la conducta que hoy se reprocha: un acuerdo para obstruir la participación del azúcar importada en el mercado colombiano y de esta forma evitar la caída en el precio del producto”.
Pero eso no es todo. En una reunión de miembros de Asocaña el 9 de septiembre de 2009, se reseña una planeación estratégica de...precios. “El precio lo hemos venido subiendo de a poquitos, empezamos en 60.500 hoy estamos en 60.000 y mañana lo vamos a subir a 61.500. Hoy llevamos vendido 69.924 qq. No le vendimos a Coca-Cola pues cotizamos a 60.500 y le compraron a 60.000. No hicimos mucha fuerza pues a pesar del dólar San Carlos, Pichichi y Carmelita están enfocados en exportación y van a tener muy poca azúcar para el modo nacional”, se señala en un Resumen de Actividades CEQ.
La situación escrita, dice Bacca en su informe, confirma que Asocaña “sirve de instrumento de coordinación de los ingenios azucareros para limitar la libre competencia, no solo a través de intercambio directo e indirecto, sino impartiéndole instrucciones de índole comercial a sus afiliados”.
El problema que dejan las liquidadas
De acuerdo con lo que está establecido en la normativa, recuerda Edward Cristancho, experto en competencia de muñoz abogados, es que las empresas que está disueltas no pueden responder ante sus obligaciones en términos de sanciones, pero sí las que están en proceso de liquidación. Es el caso de Central Tumaco y Dicsa. En el caso de Mayagüez que entró a controlar el Ingenio San Carlos, lo que deberá evaluar Robledo, es cómo responderán ante las posibles sanciones impuestas, confirmó De la Calle.
Las opiniones
José Miguel de la Calle
Exsuperintendente de industria y comercio
“Este proceso es muy importante porque muestra que pese a las condiciones especiales del agro, la SIC es competente para tomar decisiones sobre este sector”.
Edward Cristancho
Experto en competencia de muñoz abogados
“La extinción de la personalidad jurídica derivada de un proceso liquidatorio impide la imposición de las sanciones previstas en el régimen que protege la libre competencia”.
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