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En una carta que responde al informe presentado por el agente, los accionistas afirmaron que se cumplió con 90% de los indicadores
Frente a las deficiencias que reportó el agente interventor de la empresa de servicios públicos Air-e en un informe público, la junta directiva de esa organización manifestó mediante una carta que hay "múltiples imprecisiones e información abiertamente equivocada" sobre los problemas estructurales de la compañía.
Los accionistas manifestaron que se cumplió con 90% de indicadores, no disminuyó la calidad del servicio y añadieron que la empresa alcanzó un Ebitda positivo a finales de 2022. También, agregaron que no se está reconociendo el cobro de $5 billones a usuarios y entes oficiales, afirmando que "es responsabilidad del interventor gestionar esos cobros".
En cuanto a los racionamientos a los que hizo alusión el interventor, puntualizaron que la empresa tiene la “potestad legal” de programarlos, siempre y cuando los considere necesarios para sus operaciones.
También, señalaron que la Superservicios ha hecho seguimiento a la entidad, detallando que en mayo de 2024, el ente de control hizo una visita "integral", en la cual no se registraron hallazgos "significativos", afirmaron en el comunicado de prensa.
En respuesta a lo dicho por el interventor sobre el descenso en la calidad del servicio, apuntaron que los indicadores alcanzaron los estándares exigidos para 2030.
"Es falso que exista un deterioro en la calidad. Los indicadores Saidi y Saifi, que miden interrupciones del servicio, mejoraron a niveles históricos respecto a lo que se vivía en la época de Electricaribe, como lo certificaron las auditorias de calidad adelantadas cada año por entidades independientes", expresaron luego.
Desde el inicio de operaciones el 1 de octubre de 2020, lapso en que los accionistas aseguraron que hubo pérdidas por $60.000 millones mensuales, se registró un tendencia al alza "implementando planes de negocios", manifestaron luego, para luego determinar que "se dieron cambios externos que hicieron inviable la operación como consta en los estados financieros auditados".
En cuanto a las obligaciones financieras, los accionistas apuntaron que hubo deudas por $1,9 billones, y de estos más de $411.800 millones que equivalen al 22% del total de pasivos estaban en estado de vencimiento, a lo que se suma los montos por cobrar a los usuarios.
Frente a esta situación, el organismo determinó que la problemática fue denunciada oportunamente, haciendo la claridad de que la administración anterior de la Superservicios fue notificada sobre este asunto.
Tampoco están de acuerdo con la afirmación que hizo el interventor sobre el incumplimiento de planes de inversión, señalando que es falso lo anteriormente mencionado. Después, apuntaron que en su visita de inspección, la Superservicios determinó que no hubo una falta de cumplimiento en la regulación.
El organismo determinó que no se incumplió con el plan de inversiones, enfatizando que la empresa está cumpliendo con ellas. “La compañía continuará trabajando para esclarecer las inconsistencias presentadas en el informe y garantizar la verdad ante las instancias competentes”, concluyeron los accionistas.
A continuación la carta presentada:
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